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De acuerdo con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), se han detectado casos de personas que fueron detenidas de manera arbitraria con el fin de cumplir con una estadística y dar un caso por resuelto, de ahí que ahora se tienen que revisar expedientes y tratar de resolver un problema real
En entrevista con El Sol de México, Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad, sostuvo que a pesar de que las autoridades han reconocido fallos en sus procesos, ahora se tiene que solucionar y procurar que esas personas que son inocentes salgan de prisión.
“Estamos viendo que en algunos casos las Fiscalías hacían lo que hacían en los casos que recibimos, porque lo único que les pedían son los resultados y agarraban al primero que se encontraban en la calle y le imputaban el delito, porque a fuerza tenían que decir que ya habían resuelto el caso.
“Ante esto, hay mucha gente inocente dentro de centros penitenciarios, y es real que les piden a los Ministerios Públicos hasta desistirse de acción penal en muchas carpetas para reducir su estadística, todo por una estadística”, comentó.
Por lo anterior, la funcionaria indicó que ya se trabaja junto con los gobiernos de los estados para fortalecer las áreas de defensoría pública y con ello destinen recursos económicos para que se tenga acceso a la justicia por parte de personas que no pueden pagar un despacho de abogados.
Detalló que se tiene el registro que en las defensorías públicas del país se pueden tener hasta 200 mil casos en un año y en algunas entidades sólo cuentan con 65 defensores públicos. De ahí que se “tienen cargas de trabajo”, por lo que se puede considerar que “hacen mal su trabajo” por el amplio número de carpetas, lo que conlleva a que la institución no cumpla con su función.
“Hoy las defensorías públicas no pueden responder a todos los casos porque no tienen la capacidad y ¿por qué no tienen la capacidad? Por una falta de apoyo en los gobiernos de los estados. Hay casos que un defensor se encarga, al año, de mil 500 casos y ¿cómo los va a atender? De ahí que el llamado es de mayor inversión. Vemos que se invierte en parques y no se invierte en tener a más Ministerios Públicos”.
En este sentido, ejemplificó que en la Ciudad de México la Fiscalía de Violencia Intrafamiliar es la que más casos tiene sobre esta situación ya que registran entre seis mil 700 carpetas, pero sólo son siete policías de investigación y ellos son los que tienen que ir a notificar y al mismo tiempo llevar la diligencias, “¿Entonces cómo se van a resolver los hechos de violencia? Esto causa un poco de conmoción, pero es la realidad”.
PROPONEN ESTRATEGIA PARA ACCESO A LA JUSTICIA
A raíz de estos diagnósticos, Téllez Martínez dijo en la charla con Organización Editorial Mexicana (OEM), que en estos casos se tiene contacto con las defensorías de los 32 estados y se pide que se de atención en casos como acceso a medicamentos o un beneficio por cuestión de edad o enfermedad.
Además, aseguró que otro factor que se tiene detectado es qué hay abogados que roban a sus defendidos. “Nos hemos enterado cómo le están robando a la gente. Hay personas que venden sus casas para apoyar a sus familiares detenidos, entregan el dinero a estos abogados y se van, los estafan. Hay casos en donde les piden 300 mil pesos, los entregan y el abogado jamás aparece”.
“Ante esta realidad, la Unidad, tiene que hablar con los defensores públicos y el Estado tiene que defenderlos, además de que varios colegios y barras de abogados nos donan su tiempo y nos apoyan en resolver este tipo de cosas”, externó.
La funcionaria aseguró que gracias a estas acciones se ha logrado liberar a 13 personas en las que se presentaron irregularidades en sus casos, pero que por cuestiones de transparencia no se pueden revelar los datos personales.
Dijo que hasta ahora se tiene un registro de dos mil casos de personas recluidas, sus abogados o familiares han denunciado irregularidades en sus casos, siendo estos variados como penal, laboral, mercantil, familiar o agrarios; además de casos contra mujeres e indígenas.
Los estados que tienen más casos son Oaxaca, Chiapas y Estado de México, donde se tienen carpetas con algunas irregularidades, pero son casos en los que se tienen 10 o 15 años de proceso.
“En el caso de Oaxaca, tenemos muchos casos de indígenas donde no tuvieron la defensa que debieron tener, además de casos relacionados con mujeres, de ahí que se haya contratado a dos abogados especialistas para atender la problemática en estos sectores”.
Sobre el personal que confirma esta Unidad, subrayó que son 16 Jóvenes Construyendo el Futuro, cinco personas de servicio social y abogados tenemos dos directores, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, “todos son abogados y conforman el equipo legal, además de dos direcciones de mesa de justicia y de justicia y seguridad, quienes tienen casos más complejos, en el sentido de la seguridad e integridad de las personas implicadas”.
REINSERCIÓN SOCIAL, EL OBJETIVO
Dentro de los proyectos que se están concretando en la Unidad, la reinserción social es uno de los más importantes ya que se está trabajando cámaras industriales para ofrecer empleo a las personas que salen de prisión, además de tener un convenio con Microsoft y Dell para que dentro de los centros penitenciarios se desarrollen habilidades básicas.
Paulina Téllez también comentó que se establecieron alianzas con casas editoriales para construir bibliotecas, con ópticas para brindar anteojos a las personas en prisión.
Adelantó que con 11 cámaras empresariales se firmarán convenios para que cuando las personas salgan del centro penitenciario tengan opciones de trabajo y no sean discriminados.
“Ceneval también nos apoya para otorgar licenciaturas y documentos escolares que certifiquen su educación. Tenemos ya una plataforma laboral y educativa en los centros penitenciarios en el país, porque la reinserción social es obligación del Estado”, remarcó.
Además, que ya se tiene un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que estas personas cuando salgan de prisión obtengan este documento en un mes y no en los nueve meses que se tardaban.
Por último, informó que las empresas de seguridad han ofrecido 50 mil puestos laborales en todo el país, además que se tiene una colaboración con farmacéuticas para conseguir medicinas para los centros penitenciarios.
