A cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero; Ángela Buitrago, integrante del Grupo de Asistencia Técnica de la CIDH para Ayotzinapa, demandó dejar de lado la politización de este caso y judicializarlo de manera definitiva para dar resultados y conseguir la verdad y justicia.
En entrevista, en el marco del Conservatorio “Caminos contra la Impunidad” en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Ángela Buitrago comentó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que decida si llama o no a declarara al expresidente Enrique Peña Nieto y al exprocurador Jesús Murillo Karam.
“Este tema lo han politizado desde el principio y es una complicación, lo que se tiene que hacer es judicializar y lo que se tiene que volver es al campo de la investigación y no de la politización”.
Detalló que su presencia en México está centrada en calidad de consultores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que está trabajando en desde el 12 de agosto en la Comisión Presidencial de la Verdad y la Justicia.
Ángela Buitrago dijo que ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar el perdón a quienes ofrezcan información sobre el paradero de los 43 estudiantes, “las líneas de investigación deben seguir a través de la verificación de información que tengan todos los actores”.
“Aquí es importante que todos colaboren y que todos entren a decir lo que saben y lo que conocen de los hechos. El tema que llamen a uno o a otro depende, también, de la información que tengan y de la necesidad de escuchar esa información”.
Recordó qué hay muchos funcionarios que han ofrecido información, ya que ellos son los que generan información pública y que quieren comparecer como es el caso del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Por lo anterior, dejó claro que estás decisiones le hacen bien a la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pero también “debe haber una realidad procesal que tiene la facultad la Fiscalía General de la República en permitir negociaciones, pre acuerdos, por información que sea real y que apunte a los responsables y que permita desmantelar organizaciones, por lo que eso es una valoración que debe hacer la Fiscalía que sea autorizada por ley”.