/ jueves 9 de enero de 2020

Crea CNDH oficina especial para investigar crímenes en la Guerra Sucia

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, dijo que se abrirá de oficio un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo y los casos concretos a investigar

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, dispuso la creación de una Oficina Especial para hacer una investigación integral de las desapariciones y torturas durante “la Guerra Sucia” el siglo pasado, y abrirá de oficio un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo y los casos concretos a investigar.

La Oficina Especial tendrá la facultad de inspeccionar sitios de detención clandestina previamente identificados, búsqueda de archivos, entrevista a funcionarios, implementación de un programa de incentivos, testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y testigos y proponer la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares.

El organismo nacional refiere que dicha oficina llevará a cabo la investigación de desapariciones forzadas del pasado reciente con el objetivo de conocer, bajo la presunción de vida, el paradero y/o destino de las personas desaparecidas para restituirlas a sus familias, a sus comunidades y a la sociedad, así como determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo siempre la verdad de lo sucedido”, señala la CNDH.

Plantea un esquema basado en las investigaciones establecidas por otros mecanismos de Justicia Transicional como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años Sesenta y Setenta (COMVERDAD).

Se investigaran todos los casos de desaparición forzada ocurridos entre los años 1969 y 1999, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del Estado, sustentará su trabajo en cinco ejes.

El primero, búsqueda de archivos que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados y que lleven a su consulta plena y sin restricciones, como archivos de instituciones psiquiátricas, penales, forenses, de inteligencia, policías locales y federales, militares y de Poderes Ejecutivos y Judiciales.

Otro eje es documentar a través del reforzamiento documental y testimonial de casos investigados por FREMOSPP, COMVERDAD, los archivos de las diversas policías y aparato de seguridad del Estado y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH.

También se le dará seguimiento a través del análisis de los expedientes cuyos casos fueron trabajados tanto por la FEMOSPP, la COMVERDAD y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH.

El cuarto eje será entrevista a funcionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado, lo que implica hacer un llamado, e incluso la implementación de un programa de incentivos, a quienes tuvieran información verídica que pudieran aportar en la investigación de los casos, sin omitir los testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y testigos.

Y finalmente, inspección de sitios de detención clandestina previamente identificados, así como la búsqueda de nuevos. Para tener certeza de los lugares se recurrirá a testimonios, inspección de mapas, planos, fotografías aéreas de la época y diligencias en los lugares por personal de la Oficina Especial, que será acompañado por familiares de las personas desaparecidas y/o sus representantes.

La oficina tendrá la facultad de identificar otras graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones arbitrarias; proponer la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos, así como de generar condiciones que pusieron sus vidas en riesgo.

La Oficina Especial mantendrá comunicación directa con las víctimas y con los familiares de las personas desaparecidas, con sus representantes, así como con las organizaciones que los acompañan.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, dispuso la creación de una Oficina Especial para hacer una investigación integral de las desapariciones y torturas durante “la Guerra Sucia” el siglo pasado, y abrirá de oficio un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo y los casos concretos a investigar.

La Oficina Especial tendrá la facultad de inspeccionar sitios de detención clandestina previamente identificados, búsqueda de archivos, entrevista a funcionarios, implementación de un programa de incentivos, testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y testigos y proponer la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares.

El organismo nacional refiere que dicha oficina llevará a cabo la investigación de desapariciones forzadas del pasado reciente con el objetivo de conocer, bajo la presunción de vida, el paradero y/o destino de las personas desaparecidas para restituirlas a sus familias, a sus comunidades y a la sociedad, así como determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo siempre la verdad de lo sucedido”, señala la CNDH.

Plantea un esquema basado en las investigaciones establecidas por otros mecanismos de Justicia Transicional como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años Sesenta y Setenta (COMVERDAD).

Se investigaran todos los casos de desaparición forzada ocurridos entre los años 1969 y 1999, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del Estado, sustentará su trabajo en cinco ejes.

El primero, búsqueda de archivos que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados y que lleven a su consulta plena y sin restricciones, como archivos de instituciones psiquiátricas, penales, forenses, de inteligencia, policías locales y federales, militares y de Poderes Ejecutivos y Judiciales.

Otro eje es documentar a través del reforzamiento documental y testimonial de casos investigados por FREMOSPP, COMVERDAD, los archivos de las diversas policías y aparato de seguridad del Estado y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH.

También se le dará seguimiento a través del análisis de los expedientes cuyos casos fueron trabajados tanto por la FEMOSPP, la COMVERDAD y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH.

El cuarto eje será entrevista a funcionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado, lo que implica hacer un llamado, e incluso la implementación de un programa de incentivos, a quienes tuvieran información verídica que pudieran aportar en la investigación de los casos, sin omitir los testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y testigos.

Y finalmente, inspección de sitios de detención clandestina previamente identificados, así como la búsqueda de nuevos. Para tener certeza de los lugares se recurrirá a testimonios, inspección de mapas, planos, fotografías aéreas de la época y diligencias en los lugares por personal de la Oficina Especial, que será acompañado por familiares de las personas desaparecidas y/o sus representantes.

La oficina tendrá la facultad de identificar otras graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones arbitrarias; proponer la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos, así como de generar condiciones que pusieron sus vidas en riesgo.

La Oficina Especial mantendrá comunicación directa con las víctimas y con los familiares de las personas desaparecidas, con sus representantes, así como con las organizaciones que los acompañan.

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