Por unanimidad, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal la declararon infundado un recurso de queja que promovió el reconocido abogado Juan Collado Mocelo, para evitar que la Fiscalía General de la República, acceda a información de sus cuentas bancarias o fiduciarias como parte del proceso penal en su contra.
Esto, luego que Collado, quién esta preso en el reclusorio Sur, impugnó la resolución judicial del pasado 10 de septiembre, dictada en el expediente 312/2019 (técnica de investigación) donde el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, autorizó la entrega de información a la FGR.
El reconocido litigante, quien ha defendido a importantes políticos y empresarios, así como al ex presidente, Enrique Peña Nieto, interpuso una demanda de garantías en el juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con la intención de no proporcionar dicha información, pero el juez rechazó concederle una suspensión provisional.
Ante ello, Collado promovió una queja y por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal la declararon infundada. “…aunque la naturaleza del acto permite la suspensión de la ejecución de la técnica de investigación, debe negarse la medida cautelar dado que como se vio, con los datos que se cuenta no es posible afirmar que el acto reclamado sea ostensiblemente inconstitucional (…)aunado a que de conceder la medida cautelar para los efectos que propone se privaría a la colectividad del beneficio que le otorgan las leyes antes señaladas para coadyuvar en las pesquisas de los ilícitos denunciados e incluso se les generaría ese daño que de otra manera no resentirían”, señala el acuerdo.
Es de recordar que la semana pasada, un Tribunal Unitario le otorgo una suspensión provisional para evita en estos momentos su caso pase a etapa de juicio, hasta en tanto se resuelve la legalidad de la vinculación a proceso dictada en su contra.
Desde su detención, Collado busca revertir el auto de vinculación a proceso que un juez de control emitió en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR lo detuvo en atención a una denuncia penal interpuesta por el empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien dijo haber sido defraudado por una empresa cuyos propietarios supuestamente son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador Francisco Domínguez Servién, entre otros.
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