Un tribunal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para que pueda detener a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para enfrentar las acusaciones que tiene en su contra por el desvío de más de cinco mil millones de pesos, caso conocido como la Estafa Maestra.
La Fiscalía, había interpuesto un recurso de revisión para revocar la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a Emilio Zebadúa, quien busca el amparo de la justicia federal para no ser detenido.
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Fue el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien declaró fundado el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República, que le permite judicializar la carpeta de investigación y el asunto ante un juzgado de control.
Los magistrados tampoco le concedieron a Zebadúa la suspensión definitiva para efectos de que el quejoso tenga libre acceso a dicha carpeta, pues con ello se infringen disposiciones de orden público, las cuales establecen la facultad de reserva del Ministerio Público.
Ante el poder judicial, Emilio Zebadúa argumentaba la omisión de las autoridades para citarlo en calidad de inculpado o imputado dentro de la carpeta de investigación que integra en su contra, para saber la acusación, los datos de prueba o elementos que existen en su contra, así como no darle acceso a las constancias.
En este sentido, los magistrados argumentaron que la persona que adquiera la calidad de imputado dentro de una investigación, tendrá acceso a los registros de la carpeta de investigación en tres momentos diferentes, los cuales son: cuando el imputado se encuentre detenido, cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista, y antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar su defensa.
Por ello, “la carpeta de investigación afecta al juicio, se advierte que el quejoso no se encuentra en ninguna de las tres hipótesis mencionadas”.
"Es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que esta autoridad no judicialice la carpeta de investigación, pues esto contraviene disposiciones de orden público, al paralizar el procedimiento penal, imposibilitando al Ministerio Público a formular imputación y afectando el interés social”, señalaron los magistrados.
Es de recordar que el año pasado, Emilio Zebadúa, obtuvo una suspensión que impedía su captura, como lo que el Ministerio Público no podía citarlo a comparecer, confiscar bienes o judicializar la carpeta de investigación en la que se le imputa haber dirigido la falsificación de firmas y convenios, simulación de contrataciones y otros actos que derivaron en un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.
