La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) advirtió ante una delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que un recorte presupuestal al Poder Judicial, como el que se prevé ocurra desde el legislativo, frenaría la consolidación del sistema penal en el país.
“Como lo he referido en otros foros, una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, advirtió.
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Durante la visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, quienes estarán en México desde el 18 y hasta el 29 de septiembre para evaluar la situación de la privación de libertad, la ministra presidenta reconoció que el Poder que preside enfrenta dificultades en lo referente a la independencia judicial.
Esto, específicamente por los retos sobre la adecuada y suficiente asignación presupuestal para atender el crecimiento constante “en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años”.
Para intentar que esta situación no se siga agudizando, la ministra Norma Piña hizo una solicitud a la delegación de la ONU para que en el informe que será publicado en septiembre de 2024, además de las recomendaciones para combatir las detenciones arbitrarias, se destaque el valor de la independencia judicial.
“Esto debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura”, agregó.
Por su parte, la ministra presidenta destacó los avances que ha dado el Poder Judicial en materia de detenciones arbitrarias, incluso antes del inicio de su gestión, con fallos entre los que destacan establecer que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.
También establecer que las autoridades encargadas de la seguridad pública tienen la obligación de llevar a cabo un registro detallado de las detenciones que realizan y que cuando una autoridad realice funciones de apoyo a la seguridad pública y realice una detención, ésta deberá dar aviso inmediato a la autoridad policial.
Con estos antecedentes, la ministra Piña Hernández reiteró el compromiso que tienen la SCJN y el CJF en el combate a las detenciones arbitrarias, así como a recibir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU.
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“Les reitero, también sin ambigüedad, que en el Poder Judicial Federal estamos comprometidos, no sólo por obligación constitucional y convencional sino por genuina e inquebrantable convicción, con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias, una de sus más altas expresiones y razón de ser”, concluyó.
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