La Red por los Derechos de la Infancia externó su preocupación ante el anuncio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Guerrero, sobre la incorporación a sus filas de niños y adolescentes, algunos de ellos hijos de los músicos víctimas de homicidio, como un acto desesperado para llamar la atención del Estado Mexicano.
Por lo anterior, llamaron a las autoridades estatales a investigar de forma eficiente estos hechos para garantizar el acceso a la justicia, además de brindar el apoyo económico y psicológico a las familias víctimas, en particular a niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres.
La organización sostuvo que sin bien consideran que la presentación de niños y adolescentes como parte de la policía comunitaria se trata sólo de un performance, y que no se traduce en la participación directa en actos armados, “recordamos a la CRAC-PF, más allá de la legitima defensa y la necesidad de llamar la atención del Estado para garantizar su seguridad y evitar el reclutamiento de niños y adolescentes, no es posible prevenir un delito al tiempo de exponer a la niñez a hechos de violencia”.
“El reclutamiento anunciado puede configurar delitos como trata, corrupción de menores y explotación con consecuencias legales. Les llamamos a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad proteger a niñas niños y adolescentes de cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias”, puntualiza la REDIM.
“El reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos ha crecido de forma alarmante en el Estado de Guerrero; los grupos criminales tienen campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes”, enfatizan.
Además, dejan claro que es urgente atender los llamados ciudadanos y de organizaciones defensoras de derechos humanos para construir una estrategia nacional que frene la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes, que sea el Proyecto Prioritario 26 (#Proyecto26) de esta administración.
Por último, reiteraron la petición a periodistas y medios de comunicación a no difundir imágenes y datos que permitan la identificación de las niñas niños y adolescentes por el alto riesgo de ser blanco de grupos criminales.