Arturo Zaldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el respeto a los derechos humanos en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral no implica impunidad.
“La transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio exige generar un consenso social, en el sentido de que un sistema más transparente y más protector de los derechos humanos no implica impunidad, ni violar los derechos de las víctimas”, dijo el presidente de la Corte.
Al participar en los Diálogos sobre el Sistema de Justicia Penal con el Reino Unido, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que al dejar atrás un sistema judicial que mostró su ineficacia, le permitió al país avanzar hacia procedimientos más claros e imparciales, en beneficio de la sociedad.
"Dejar atrás un sistema que mostró su ineficacia y avanzar hacia procedimientos más claros e imparciales, nos beneficia a todos, porque nos asegura que quien es culpable de un delito sea sancionado conforme a reglas más justas", expresó.
El presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal inauguró esta mañana, el foro en el que participaron la jueza Maura McGowan, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales; Lord Anthony Hugues de Ombersley, ministro en retiro de la Suprema Corte de Reino Unido, y en su primer evento público en el país, el embajador de Reino Unido en México, Jonathan Benjamin.
Destacó que el Sistema Penal Acusatorio asegura que quien es culpable de un delito sea sancionado conforme a reglas más justas, sin recurrir a las prácticas facilitadas por el anterior modelo, como fabricación de culpables; uso indiscriminado de la prisión preventiva como sentencia anticipada e incluso tortura.
“Profundizar en la capacitación de los operadores del Sistema Penal Acusatorio, y particularmente de la defensoría pública, es fundamental para que este modelo cumpla su finalidad principal, que es la de igualar a las personas frente a la ley, para así dejar atrás una justicia penal elitista, que castiga la pobreza”, expresó.
La transición al modelo de justicia penal acusatoria, dijo, exige generar un consenso social en el sentido de que un sistema más transparente, tiene reglas más justas y es más protector de los derechos humanos, lo que no implica violar los derechos de las víctimas.
"Debemos pasar de una visión de un sistema penal autoritario, arbitrario y opaco, hacia una concepción de éste como un ejercicio dialéctico, basado en los principios de presunción de inocencia y debido proceso", aseveró.
El ministro consideró que la capacitación de los operadores del sistema penal acusatorio y particularmente de la defensoría pública, es fundamental para igualar a las personas frente a la ley y así dejar atrás una justicia penal elitista, que castiga la pobreza.
