La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó por última vez este jueves antes de irse de vacaciones y permanecer cerrada por las próximas dos semanas. Será a partir del 1 de agosto cuando se comenzará a dar salida a los temas que mantiene pendientes, entre ellos un amparo en materia de derechos humanos promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como las controversias constitucionales de la oposición contra las reformas del llamado “viernes negro”.
En la sesión del pasado jueves, el Pleno de la SCJN atendió de manera prioritaria un recurso promovido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Senado por no hacer los nombramientos de sus tres comisionados faltantes.
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Los comisionados determinaron que el Senado sí fue omiso al no acatar sus obligaciones, sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo sobre las acciones a tomar para destrabar el asunto y permitir que el INAI sesione de nueva cuenta, por lo que este tema será el primero que atenderán los ministros en cuanto regresen del período vacacional.
Después, tanto el Pleno como las Salas tienen asuntos en fila, uno de ellos es el amparo en revisión 3512/2020 bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, en el que se resolverá si la Sedena debe o no indemnizar a las personas y sus familiares por violaciones graves de derechos humanos.
El caso se ha listado en la Primera Sala desde mediados de junio, pero a solicitud de algunos ministros ha sido retirado en más de una ocasión, pues requirieron más tiempo para analizarlo.
La Sedena promovió este amparo para revocar una sentencia dictada en 2018 por el Primer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cual le ordenó pagar una indemnización a los familiares de Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, una pareja que fue ejecutada de forma extrajudicial el 3 de marzo de 2010, en Nuevo León.
La ejecución extrajudicial de la pareja ocurrió cuando salieron de su trabajo para ir a comer, sin embargo, al salir se vieron en medio de un enfrentamiento entre elementos de la Sedena y presuntos integrantes del crimen organizado, lo que llevó a que optaran por refugiarse en su vehículo, aunque aun así Juan resultó herido.
Una vez concluyó la balacera, Rocío recurrió a la ayuda de un militar que se encontraba en las inmediaciones, pero en su lugar el elemento los ejecutó. Cinco años después del hecho, en 2015, fue condenado a 18 años de prisión.
La sentencia llevó a las familias de los jóvenes de 29 años a solicitar una reparación del daño a la Sedena, la cual se negó debido a que ya habían pasado seis y no dos años para ello, como lo marca la Ley. El caso llegó a los tribunales, quienes dieron la razón a los deudos.
La Defensa Nacional, no obstante, se inconformó con la decisión ya que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial estas medidas deben de ser dictadas a más tardar dos años del hecho.
El proyecto de la ministra Ríos Farjat retoma la decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al señalar que ante violaciones graves de derechos humanos opera la “regla de la imprescriptibilidad” que busca preservar la memoria de las víctimas y garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, por lo que propone ordenar a la Sedena a cumplir con ello.
Pendientes controversias del “viernes negro”
En los asuntos que permanecen pendientes este período vacacional para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las bancadas de oposición en el Senado de la República en contra de las reformas aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en el llamado “viernes negro”.
Llamado así por ser el último día de sesiones del anterior período ordinario y donde se aprobaron una veintena de reformas en “fast track”, los legisladores de oposición busca que la SCJN invalide las modificaciones a por lo menos 12.
Entre ellas la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que cede el control de éste a la Secretaría de la Defensa Nacional; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de la Entidades Paraestatales para permitir que las Fuerzas Armadas tomen el control de proyectos ferroviarios como el Tren Maya.
También a las leyes generales de Derechos y Turismo que, entre otras cosas, permite que la Sedena se haga con hasta el 80 por ciento de los recursos provenientes del pago del impuesto del Comprobante de Derechos Migratorios que se le cobra a los turistas extranjeros.
Así como a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos que supervisa a la industria farmacéutica respecto al comercio de tres sustancias que se usan para fabricar fentanilo y en la cual se fijaron penas de hasta 15 años de prisión.
Respecto a estos asuntos, el pasado 28 de junio el ministro Alberto Pérez Dayán aceptó los primeros recursos para su análisis que atienden al traspaso del Tren Maya a la Sedena, así como su nueva facultad de ofrecer la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, y de otorgar permisos para prestar los servicios auxiliares requeridos.
El ministro Pérez Dayán funge como presidente de la Segunda Sala del Alto Tribunal, por lo que la discusión de los recursos podría llevarse ahí o, bien, proponerse para que sean atraídos y discutidos en el Pleno.
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