El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un plan de amnistía para las personas privadas de la libertad sin sentencia, que no hayan cometido delitos del fuero federal graves, que hayan sufrido tortura o que sean adultos mayores.
Mediante un decreto de cuatro puntos, que será elaborado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se establecerá como plazo para su liberación el próximo 15 de septiembre y en todos los casos se aplicará el procedimiento simplificado.
➡️ Desafuero de diputados, fuera del extraordinario en San Lázaro
"Cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial: presos del fuero federal con más de 10 años sin sentencia, que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados; adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, que no haya cometidos delitos de sangre, va a ser liberados; adultos mayores de 65 años, con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves.
"En todos los casos, se va a seguir el procedimiento simplificado, en caso de enfermos se pedirá a la Secretaría de Salud que haga los procedimientos correspondientes. Todo interno, en cárceles federales, que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. No queremos la tortura en México, nadie debe ser torturado", aseveró López Obrador.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario insistió en que esta amnistía se dará en el fuero federal, pero la mayoría de los presos en el país se encuentran detenidos por delitos del fuero común. "Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto", expresó.
López Obrador urgió al Poder Judicial de la federación y al Poder Judicial de los estados, a atender la situación de las personas encarceladas que no tienen sentencia, pues existen 94 mil 547 personas en las cárceles del país en esta situación, 87 por ciento de ellos son del fuero común y 92 por ciento se encuentra en centros estatales.
Aseguró que, con la Cuarta Transformación, la Secretaría de Gobernación tiene una nueva función, que es la de proteger los derechos humanos de los ciudadanos. "Ya no es la secretaría de la represión y el autoritarismo, es la secretaría para la protección de derechos humanos y la justicia", aseguró.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Caso Israel Vallarta
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que ya se trabaja en el decreto de política carcelaria que establezca diversas situaciones de personas privadas de su libertad que no tienen sentencia, como el caso de Israel Vallarta Cisneros.
La funcionaria federal informó que Vallara está detenido desde 2005 por cuatro delitos, en dos causas penales. Su caso se revisa desde 2019 en coordinación con él y sus familiares y, si se aplica la sentencia del caso Cassez, podría ser excarcelado de una causa penal.
"Esta estrategia lo beneficiaria para una de las dos causas penales que tiene acumuladas. Si a esta estrategia se le aplicará el precedente Florence Cassez, es muy probable que salga en libertad, pero continúa una causa penal pendiente", explicó Sánchez Cordero.
Sin embargo, explicó, que la defensa del detenido no ha aceptado algunas de las estrategias planteadas por Secretaría de Gobernación para agilizar su proceso, consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, precisó la ministra.
“La estrategia sólo lo beneficiaría para una de las causas penales acumuladas, de tal suerte que, si se le aplicara el procedente a Cassez, es previsible que sea absuelto en dicho asunto, no así en la otra causa penal”, informó.
En marzo de 2012, Arturo Zaldívar, actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó un recurso en el que alegó que Florence Cassez merecía salir de la cárcel por ser una víctima de irregularidades durante su detención.
La ciudadana francesa fue capturada y presentada ante los medios de información en medio de un supuesto montaje, en donde también se detuvo a su pareja, Israel Vallarta, presunto líder de “Los Zodiaco”. El operativo estuvo a cargo de la AFI, en ese momento dirigida por Genaro García Luna y en el participó Luis Cárdenas Palomino.
Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, recordó que existe una recomendación de la CNDH por presunta tortura durante su detención, lo que cancelaría las pruebas y otorgaría la libertad a 16 años de haber sido detenido.
Mary Sainz, esposa de Vallarta, pidió a la Fiscalía General de la República que retire los cargos contra el detenido, pues se comprobó que hubo una serie de montajes en el establecimiento del caso, dijo en breve entrevista con El Sol de México.
La mujer, quien tiene más de 150 días en un campamento en el Zócalo capitalino, denunció que existe privilegios en el penal "El Altiplano", donde fue trasladado Vallarta.
A través de una carta, el detenido sin sentencia tras casi 16 años, pidió al presidente López Obrador una revisión exhaustiva de su caso.
Vallarta Cisneros enfrenta los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos, tras ser señalado como uno de los principales líderes de la banda de “Los Zodiaco”.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz, explicó Sánchez Cordero, quien se encuentra en previsión preventiva desde septiembre de 2009, está demostrado "plenamente" que sufrió tortura en dos ocasiones dentro de los penales, por lo que está en proceso su inscripción en el registro nacional víctimas.
En 2005, Quevedo Cruz junto con Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, así como Alberto y Tony Castillo Cruz fueron acusados de haber secuestrado y asesinado a Hugo Alberto Wallace.
➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias
Insiste en reforma al Poder judicial
Sobre la exoneración a Kamel Nacif por un tribunal colegiado de Quintana Roo, López Obrador encargó la revisión del caso a la ministra Sánchez Cordero y exhortó de nuevo a una reforma al Poder Judicial.
"Es parte de lo mismo, no es mala fe, no es actuar de manera tendenciosa contra el Poder Judicial, pero sí es necesaria una reforma, urge y la tienen que hacer desde el Poder Judicial, por todos estos casos", expresó.
El tribunal otorgó un amparo al empresario poblano de origen libanés contra la orden de aprehensión girada en su contra en diciembre del 2020 por el presunto delito de tortura en agravio contra Lydia Cacho en 2005.
En la sentencia los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo señalaron que los hechos por los cuales se le acusó y que ocurrieron el 16 y 17 de diciembre de 2005, cuando la escritora fue aprehendida y torturada, no guardan relación con la publicación del libro “Los Demonios del Edén”.
Cacho adelantó en su cuenta de Twitter que tienen evidencia de quiénes, cómo, cuándo y dónde en este sexenio orquestaron la protección a una red de trata de personas.