/ lunes 5 de febrero de 2024

AMLO insiste en someter al Poder Judicial con su Ley de Austeridad Republicana

Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para redactar de nueva cuenta en artículo 73 de la Constitución para que ningún funcionario gane más que el Presidente

Andrés Manuel López Obrador insiste en que el Poder Judicial de la Federación se debe ajustar a sus criterios de Ley de Austeridad Republicana y para este fin, envió al Congreso una nueva iniciativa de reforma constitucional para que los miembros de esa soberanía, dejen de recibir remuneraciones salariales mayores a las que él mismo cobra.

Además, planteó que todos los entes públicos de la Federación ajusten sus estructuras para eliminar la duplicidad de funciones u organizaciones, para hacer más eficiente el ejercicio de la función gubernamental.

La flamante iniciativa en materia de Austeridad y Remuneraciones de servidores públicos propone modificar el articulo 73 de la Carta Magna para que los salarios los Ministros, Magistrados y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no puedan ser mayores a los establecidos para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Además, plantea que los magistrados y los jueces perciban una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo.

Otro cambio que propone López Obrador es que la remuneración integral del próximo presidente de la República incluya todas las percepciones en efectivo o en especie y que no excedan el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización.

Sin embargo, acota que no podrán parte de dicha remuneración los gastos sujetos a comprobación, de viaje en actividades oficiales, de servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia

También propone que las remuneraciones de sus sucesores sean públicas y que tendrán que identificar los montos equivalentes a cada concepto que gastan, así como el monto mensual que le corresponda a cada gasto.

“La ley en la materia establecerá los formatos homologados en el que se deba elaborar y publicar dicha información”, subraya la nueva iniciativa de Austeridad.

Además, la iniciativa pide que se haga extensiva para las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y subraya que los entes públicos “ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”.

Destaca que “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos ningún tipo de bien o servicio innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Desde que Lópe Obrador creó la Ley de Austeridad República ha sufrido varios reveses de parte del Poder Judicial, entre ellos que la Corte le quitó el derecho de usar discrecionalmente los ahorros que generara con dicha ley, también se canceló el candado que impuso a los exfuncionarios públicos para que tuvieran que dejar pasar 10 años para poder trabajar en la Iniciativa Privada.

Pero, la bandera que ha usado constantemente el presidente para atacar al Poder Judicial es la negativa de los togados a reducirse el sueldo por abajo del salario del presidente, como lo ordena su Ley de Austeridad.

En 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la aplicación del tope de salarios previsto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cual ha sido motivo para que el presidente ataque esa y otras decisiones de los ministros que van en contra de sus políticas, como que la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas o la anulación a su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras.

Andrés Manuel López Obrador insiste en que el Poder Judicial de la Federación se debe ajustar a sus criterios de Ley de Austeridad Republicana y para este fin, envió al Congreso una nueva iniciativa de reforma constitucional para que los miembros de esa soberanía, dejen de recibir remuneraciones salariales mayores a las que él mismo cobra.

Además, planteó que todos los entes públicos de la Federación ajusten sus estructuras para eliminar la duplicidad de funciones u organizaciones, para hacer más eficiente el ejercicio de la función gubernamental.

La flamante iniciativa en materia de Austeridad y Remuneraciones de servidores públicos propone modificar el articulo 73 de la Carta Magna para que los salarios los Ministros, Magistrados y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no puedan ser mayores a los establecidos para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Además, plantea que los magistrados y los jueces perciban una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo.

Otro cambio que propone López Obrador es que la remuneración integral del próximo presidente de la República incluya todas las percepciones en efectivo o en especie y que no excedan el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización.

Sin embargo, acota que no podrán parte de dicha remuneración los gastos sujetos a comprobación, de viaje en actividades oficiales, de servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia

También propone que las remuneraciones de sus sucesores sean públicas y que tendrán que identificar los montos equivalentes a cada concepto que gastan, así como el monto mensual que le corresponda a cada gasto.

“La ley en la materia establecerá los formatos homologados en el que se deba elaborar y publicar dicha información”, subraya la nueva iniciativa de Austeridad.

Además, la iniciativa pide que se haga extensiva para las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y subraya que los entes públicos “ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”.

Destaca que “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos ningún tipo de bien o servicio innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Desde que Lópe Obrador creó la Ley de Austeridad República ha sufrido varios reveses de parte del Poder Judicial, entre ellos que la Corte le quitó el derecho de usar discrecionalmente los ahorros que generara con dicha ley, también se canceló el candado que impuso a los exfuncionarios públicos para que tuvieran que dejar pasar 10 años para poder trabajar en la Iniciativa Privada.

Pero, la bandera que ha usado constantemente el presidente para atacar al Poder Judicial es la negativa de los togados a reducirse el sueldo por abajo del salario del presidente, como lo ordena su Ley de Austeridad.

En 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la aplicación del tope de salarios previsto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cual ha sido motivo para que el presidente ataque esa y otras decisiones de los ministros que van en contra de sus políticas, como que la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas o la anulación a su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras.

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