/ viernes 19 de mayo de 2023

INAI presenta queja ante la SCJN contra nuevo decretazo de AMLO

En el decreto del presidente se declaran cinco obras de su gobierno como de seguridad nacional

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que declaró cinco obras de su gobierno como de seguridad nacional, por considerar que atenta contra el derecho a saber de la ciudadanía.

Este recurso se presenta a un día de que el Pleno de la SCJN invalidara otro acuerdo similar publicado por el gobierno federal en noviembre de 2021 para declarar a todos sus proyectos de infraestructura como de seguridad nacional y con ello poder clasificar su información como reservada.

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Luego de la invalidación por parte del Alto Tribunal fue que el mandatario federal publicó un nuevo decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación con el que buscó blindar al Tren Maya, el Tren Interoceánico Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, en Chiapas; y de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo.

Con lo publicado, la administración federal puede sortear procesos de revisión ambiental, trámites de permisos correspondientes para la construcción de los proyectos, además de clasificar la información en torno a las obras como confidenciales, por lo que el desarrollo de los mismos y el ejercicio del gasto público podría ser discrecional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró las obras de infraestructura como de seguridad nacional. | Foto: cortesía

Ante esto fue que el INAI presentó el recurso de queja y pidió que la invalidez del decreto analizado el jueves en el Pleno de la SCJN sea extendida al que fue publicado ayer por la tarde, ya que ambos se encuentran redactados de la misma manera.

“El Instituto solicitó al Máximo Tribunal que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo lunes 22 de mayo, se hagan extensivos al Decreto publicado ayer, debido a la similitud existente, toda vez que en ambos se catalogan como de seguridad nacional e interés públicos las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad”, expuso en un comunicado.

En la discusión de este jueves en la Suprema Corte, que derivó de una controversia constitucional presentada por el INAI, el grueso de los ministros coincidió en declarar inconstitucional dicho decreto pues, desde su punto de vista, invadía atribuciones del organismo autónomo, además de inhibir la solicitud de información por parte de la ciudadanía respecto a las obras de infraestructura del gobierno federal.

Durante la exposición de su proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró también que su redacción era ambigua y ponía “en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo un control ciudadano”.

Aunque el ministro Arturo Zaldívar y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa no estuvieron de acuerdo y argumentaron que el hecho de declarar a los proyectos como de seguridad pública no significa la reserva de la información de manera automática, sus compañeros acompañaron el proyecto en favor de los reclamos del INAI.

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Pocas horas después, sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador publicó el nuevo decreto que ahora busca combatir el organismo autónomo.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que declaró cinco obras de su gobierno como de seguridad nacional, por considerar que atenta contra el derecho a saber de la ciudadanía.

Este recurso se presenta a un día de que el Pleno de la SCJN invalidara otro acuerdo similar publicado por el gobierno federal en noviembre de 2021 para declarar a todos sus proyectos de infraestructura como de seguridad nacional y con ello poder clasificar su información como reservada.

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Luego de la invalidación por parte del Alto Tribunal fue que el mandatario federal publicó un nuevo decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación con el que buscó blindar al Tren Maya, el Tren Interoceánico Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, en Chiapas; y de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo.

Con lo publicado, la administración federal puede sortear procesos de revisión ambiental, trámites de permisos correspondientes para la construcción de los proyectos, además de clasificar la información en torno a las obras como confidenciales, por lo que el desarrollo de los mismos y el ejercicio del gasto público podría ser discrecional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró las obras de infraestructura como de seguridad nacional. | Foto: cortesía

Ante esto fue que el INAI presentó el recurso de queja y pidió que la invalidez del decreto analizado el jueves en el Pleno de la SCJN sea extendida al que fue publicado ayer por la tarde, ya que ambos se encuentran redactados de la misma manera.

“El Instituto solicitó al Máximo Tribunal que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo lunes 22 de mayo, se hagan extensivos al Decreto publicado ayer, debido a la similitud existente, toda vez que en ambos se catalogan como de seguridad nacional e interés públicos las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad”, expuso en un comunicado.

En la discusión de este jueves en la Suprema Corte, que derivó de una controversia constitucional presentada por el INAI, el grueso de los ministros coincidió en declarar inconstitucional dicho decreto pues, desde su punto de vista, invadía atribuciones del organismo autónomo, además de inhibir la solicitud de información por parte de la ciudadanía respecto a las obras de infraestructura del gobierno federal.

Durante la exposición de su proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá consideró también que su redacción era ambigua y ponía “en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo un control ciudadano”.

Aunque el ministro Arturo Zaldívar y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa no estuvieron de acuerdo y argumentaron que el hecho de declarar a los proyectos como de seguridad pública no significa la reserva de la información de manera automática, sus compañeros acompañaron el proyecto en favor de los reclamos del INAI.

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