/ viernes 17 de marzo de 2023

INE y empresarios firman convenio para defender democracia ante Plan B

Lorenzo Córdova indicó que uno de los principales motivos es impulsar la participación ciudadana en las elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) junto con la Confederación Patronal de l República Mexicana (Coparmex) celebraron un convenio con el que se busca respaldar a las instituciones electorales del país, así como defender la democracia.

En una conferencia de prensa, el titular del INE, Lorenzo Córdova, comentó que uno de los principales motivos del convenio es impulsar la participación ciudadana en las elecciones, bajo el contexto de que el próximo 4 de junio se celebrarán sufragios para elegir a los gobernadores de estados como México y Coahuila.

Puedes leer también: Es inmoral liquidación económica de Lorenzo Córdova, critica AMLO

“Este convenio es especial porque ha 17 días del termino de mi dirección. Este es el último convenio que tendré como privilegio firmar”, dijo Córdova.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Por su parte, el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, comentó que el acuerdo también busca darle “continuidad” a la certeza electoral en México y que no se vea “manchada” por intereses de los gobernantes.

“El 2023 y 2024 son años de efervescencia política, no queremos que la incertidumbre que se siembra sobre las normas que permitirán las elecciones se vuelvan turbia y generen un clima de enfrentamiento en el país”, comentó Medina Mora.

El pasado 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual provocó ya dos multitudinarias movilizaciones en contra.

El decreto modifica tres legislaciones vigentes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Poder Judicial de la Federación.

Además, expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre los artículos transitorios, destaca que la reforma no se aplica para los procesos electorales para las gubernaturas de Estado de México y Coahuila, los cuales están en curso y tendrán su momento clave el 4 de junio, día de los comicios.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Además, los módulos del Registro Federal de Electores, instancia que expide las credenciales de elector, “seguirán operando de forma normal” y no deberá alterarse su cantidad con motivo de la reestructuración administrativa a la que esta obligada el Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento también destaca entre sus transitorios, que los gastos derivados de la reforma, como la liquidación de personal con motivo de su reestructuración administrativa, correrán a cargo del presupuesto ya aprobado para el INE, por lo que no se contempla otorgarle recursos adicionales al instituto.

Sobre la liquidación de personal, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ha reiterado en varias ocasiones que costaría alrededor de dos mil 500 millones de pesos.

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De acuerdo con el decreto, el INE deberá identificar a más tardar hasta abril las adecuaciones a su normativa contempladas en la reforma electoral para garantizar que se aplique al proceso electoral 2023-2024, que se prevé inicie en el tercer cuatrimestre del año para la elección de Presidente de la República, además de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Los procesos administrativos y jurídicos que estén en curso se resolverán con la legislación electoral vigente previa a la publicación de este decreto.

El Instituto Nacional Electoral (INE) junto con la Confederación Patronal de l República Mexicana (Coparmex) celebraron un convenio con el que se busca respaldar a las instituciones electorales del país, así como defender la democracia.

En una conferencia de prensa, el titular del INE, Lorenzo Córdova, comentó que uno de los principales motivos del convenio es impulsar la participación ciudadana en las elecciones, bajo el contexto de que el próximo 4 de junio se celebrarán sufragios para elegir a los gobernadores de estados como México y Coahuila.

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“Este convenio es especial porque ha 17 días del termino de mi dirección. Este es el último convenio que tendré como privilegio firmar”, dijo Córdova.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Por su parte, el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, comentó que el acuerdo también busca darle “continuidad” a la certeza electoral en México y que no se vea “manchada” por intereses de los gobernantes.

“El 2023 y 2024 son años de efervescencia política, no queremos que la incertidumbre que se siembra sobre las normas que permitirán las elecciones se vuelvan turbia y generen un clima de enfrentamiento en el país”, comentó Medina Mora.

El pasado 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual provocó ya dos multitudinarias movilizaciones en contra.

El decreto modifica tres legislaciones vigentes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Poder Judicial de la Federación.

Además, expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre los artículos transitorios, destaca que la reforma no se aplica para los procesos electorales para las gubernaturas de Estado de México y Coahuila, los cuales están en curso y tendrán su momento clave el 4 de junio, día de los comicios.

Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Además, los módulos del Registro Federal de Electores, instancia que expide las credenciales de elector, “seguirán operando de forma normal” y no deberá alterarse su cantidad con motivo de la reestructuración administrativa a la que esta obligada el Instituto Nacional Electoral (INE).

El documento también destaca entre sus transitorios, que los gastos derivados de la reforma, como la liquidación de personal con motivo de su reestructuración administrativa, correrán a cargo del presupuesto ya aprobado para el INE, por lo que no se contempla otorgarle recursos adicionales al instituto.

Sobre la liquidación de personal, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ha reiterado en varias ocasiones que costaría alrededor de dos mil 500 millones de pesos.

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De acuerdo con el decreto, el INE deberá identificar a más tardar hasta abril las adecuaciones a su normativa contempladas en la reforma electoral para garantizar que se aplique al proceso electoral 2023-2024, que se prevé inicie en el tercer cuatrimestre del año para la elección de Presidente de la República, además de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Los procesos administrativos y jurídicos que estén en curso se resolverán con la legislación electoral vigente previa a la publicación de este decreto.

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