El Senado de la República aplazará la discusión de las reformas por las cuales se busca erradicar el outsourcing ilegal, ya que se estimó requiere de la “mayor reflexión”, tras su aprobación en fast track y sin la oposición en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos Segunda.
“Lo anterior en virtud de que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objeto de regular de manera más eficaz el régimen de subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras”, se lee en una misiva enviada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa.
En el documento se enmarca la urgencia por abordar esta iniciativa con “la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados” antes de llevarla ante el pleno de los senadores.
Para ello, estimaron pertinente elaborar un ejercicio de Parlamento Abierto para abordar esta iniciativa que pretende modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
El proyecto de dictamen avalado por la mayoría de Morena y sus aliados PT y PES, otorga a los patrones medio año para cubrir las contribuciones omitidas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por motivo de una subcontratación irregular, siempre y cuando proporcionen a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la Fiscalía General de la República (FGR), información que permita identificar las personas físicas que lideraban la organización criminal de subcontratación ilegal o simulada.
Así como con quiénes tuvieron trato, y todo dato sobre éstas que permita su investigación a fin de extinguir el dominio de los bienes que detenten como producto de sus actividades ilícitas.
El dictamen había sido turnado a la Mesa Directiva para su primera lectura ante el pleno de los senadores, y se proyectaba su discusión y posible aprobación en el seno de la sesión ordinaria del próximo jueves.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, e impulsor de estos cambios, sostuvo que al menos ocho millones de trabajadores se encuentran laborando bajo este esquema, lo cual representa una pérdida de 50 mil millones de pesos que no llegan al seguro social.
“La principal corrupción es la subcontratación ilegal, la subestimación de cuotas obrero patronales del trabajador. Ahí hay una sangría importante para el IMSS y hay una corrupción rampante, porque se estiman las cuotas obrero patronales para burlar el pago de las cuotas en el IMSS, en detrimento del trabajador que cree que está ahorrando para su pensión, el sueldo que le pagan, cuando en el IMSS subestiman su cuota”, explicó el extitular del IMSS y senador de Morena, Germán Martínez.
Igualmente, obliga al contratante a que, en un plazo de seis meses, cubra espontáneamente el monto total que corresponda al reparto o participación de utilidades omitido durante el período de subcontratación ilegal y simulada al que haya estado sujeto el trabajador.
Para ambos casos se contempla que, una vez agotado el plazo, el Ministerio Público estará en plena libertad de ejercer acción penal por los delitos fiscales que resulten, como podrían ser la evasión fiscal y la delincuencia organizada.
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“Los contratantes deberán asumir la obligación de cooperar en las investigaciones de los líderes de las organizaciones criminales de subcontratación ilegal que delaten y los procesos penales que se sigan conforme al modelo acusatorio”, señala el artículo quinto transitorio.
También le permite a los patrones, en caso de no haberse cubierto la totalidad de los pagos que resulten, a convenir con los trabajadores para realizar este pago en parcialidades, mediante un acuerdo avalado por el trabajador, su representante legal, de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Establece que los trabajadores que formalmente migraron a otra empresa mediante actos simulados deberán reintegrarse a la nómina del contratante y se respetarán todos sus derechos laborales como si ello no hubiere sucedido.
Prevé que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), publiquen, de manera conjunta, el programa de regularización y autocorrección para quienes incumplieron con sus obligaciones en materia de seguridad social afectando derechos de las personas trabajadoras.
Así mismo, les demanda desarrollar un sistema en línea, a través del cual los trabajadores subcontratados presenten denuncias en contra de aquellas personas empleadoras y empresas que utilicen esos esquemas de subcontratación, siempre y cuando se tenga la presunción de que tales personas empleadoras y empresas fueron omisos en forma total o parcial en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social y vivienda.
En caso de que se acredite que esta denuncia es falsa, el dictamen contempla una multa por el equivalente de 30 a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización, por lo que el denunciante deberá ratificar su denuncia de manera personal y presentar copia del contrato de trabajo respectivo y demás constancias que estime pertinentes.
También exige a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a regularizar la situación de aquellas personas trabajadoras afiliadas y no afiliadas que hubiesen visto afectado el monto de sus aportaciones en sus cuentas individuales.
Reforma del outsourcing no afecta T-MEC: Napoleón
Con respecto a que estos cambios representen un peligro para la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el líder minero, Napoleón rechazó que las reformas que impulsa afecten la firma del T-MEC y afirmó que, por el contrario “nos acerca más a la firma de este tratado”.
“Y si no se llegara a firmar va a ser más por razones externas de la política interior del país vecino del norte, de otras decisiones de los partidos políticos de ese país, pero nada que ver con una iniciativa que contribuye a implementar la justicia laboral en nuestro país, a restituir y reconstruir el mundo del trabajo, a que realmente México comience a avanzar sobre otras bases, en las que la comodidad, el confort y los privilegios se hacen a un lado”, añadió.
