La Comisión Ejecutiva De Atención a Víctimas (CEAV) no realizó la debida reparación del daño a víctimas, ya que sólo se enfocó a garantizarles una reparación económica sin establecer medidas de rehabilitación como indica sus lineamientos internos.
Así lo informó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) durante la revisión de la Cuenta Pública 2018, al informar que esta dependencia adscrita a la Secretaria de Gobernación se limitó a determinar la reparación del daño desde la perspectiva pecuniaria (dinero), lo cual no ha contribuido a la atención integral, ni existe evidencia sobre el acceso efectivo de las víctimas a los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral.
De acuerdo con “Los lineamientos para la reparación integral del daño de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en materia de trata de personas” indica que además de los montos económicos se deberán contemplar medidas de rehabilitación, la cuales define como “las medidas para brindar a la víctima servicios médicos, psicológicos, sociales, financieros o de cualquier otro tipo para el restablecimiento de su independencia física, mental, social y profesional”.
Así mismo, la ASF identificó un rezago de más de dos mil 400 expedientes y que no se han inscrito en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), aun cuando el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) ya emitió los dictámenes correspondientes; mientras que dentro de éste último órgano detectó un retraso acumulado de más de tres mil expedientes sin dictaminar, por lo cual menciona, las personas que fueron víctimas de un delito federal o de violaciones a sus derechos humanos no han tenido acceso a medidas de reparación.
Por su parte, señaló que el Renavi carece de información sobre tipo, fecha, cantidad y periodicidad, orientación, acompañamiento jurídico y psicológico, o en su caso, medidas de ayuda, asistencia y reparación integral otorgadas con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), al tiempo que añadió que estas irregularidades “impiden o dificultan el seguimiento a la situación y condición de las víctimas de delitos federales y/o violaciones de derechos humanos”.
Además, apuntó la ausencia de colaboración interinstitucional entre todas las dependencias y entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
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