Ante la irrupción de grupos civiles armados en Aldama y en el Ejido Manuel Utrilla en Chenalhó, el Concejo de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal demandaron el desarme y la desarticulación de los grupos y pugnaron por la “no militarización de la zona en los Altos de Chiapas”.
El Consejo y los sobrevivientes señalaron que ven con mucha preocupación “el nivel de violencia que ha escalado en el conflicto agrario porque las partes han recurrido las armas y sabemos que eso no trae Paz”, por lo que demandaron unidad, convivencia armoniosa pero sin dolor y muerte”.
“Consideramos de alto riesgo la situación, porque los paramilitares formados en el año de 1997 nunca fueron desarticulados ni desarmados; sí sumamos el conflicto postelectoral del 2016, y el conflicto agrario entre comuneros de Chenalhó y Chalchihuitan del 2017, fomento la compra de más armas porque en estos conflictos las partes recurrieron a la agresión armada, por lo que podemos decir que en la actualidad, en Chenalhó hay más armas que en el año de 1997”.
Señalaron que Abraham Cruz Gómez presidente municipal de Chenalhó tiene la responsabilidad de mantener la gobernabilidad, la Paz, la Seguridad, la Unidad y promover la resolución pacífica del conflicto, sin embargo, “ha permitido la compra y portación de armas de fuego, lo que significa que como presidente municipal no ha asumido una responsabilidad, no hecho lo suficiente o bien no ha instruido las autoridades comunitarias y pobladores el cese de agresiones armadas por eso el acuerdo del Pacto de No agresión no ha surtido efecto”.
De la misma manera, dicen, Adolfo Victorio López Gómez alcalde por usos y costumbre de Aldama tampoco ha asumido una responsabilidad por las agresiones armadas.
“Además de la responsabilidad de los presidentes municipales, consideramos que las representantes de 115 comuneros de Aldama y la comisión que ha conformado el municipio de Chenalhó en acompañamiento a Sector Santa Martha tienen responsabilidad en la escalada de conflicto, porque no han trabajado para cumplir el Pacto de No agresión y se han dedicado a convencer a los pobladores a no ceder, argumentando ganar la exigencia, incluso ellos han tolerado los agresiones armadas que realizan sus representados”, externaron.
Por último, consideraron que la presencia militar en la zona de conflicto no resuelve el problema, no garantiza la paz y la armonía comunitaria, porque en el año de 1997 vimos que la policía y el ejército en lugar dar seguridad a la población se dedicaron a formar y adiestrar a civiles armados que más tarde se conocieron como grupos paramilitares.
“Por lo anterior exigimos, investigación exhaustiva para juzgar a quién o quienes resulten responsables por los hechos de violencia entre Aldama y Sector Santa Martha Chenalhó. Desarme y desarticulación de grupos civiles armados que operan en el municipio de Aldama y del sector Santa Martha, Chenalhó”, finalizaron.
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