Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las primeras impugnaciones contra el denominado pin parental el cual, dentro de las leyes, permite a los padres de familia decidir si sus hijos deben cursar o no materias escolares con contenidos morales o sexuales.
De esta forma, el ministro Luis María Aguilar admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) y la impulsada por diputados locales de minoría en contra de la reforma al artículo cuarto de la Ley de Educación de Aguascalientes sobre este tema.
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La legislación impugnada señala actualmente que la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.
"La Corte no va a ver hechos, va a analizar leyes, y las que contravengan a la Constitución que violen algún derecho humano deben ser anuladas, esa es nuestra forma de ver las cosas. Nosotros vamos a acudir a la decisión autorizada que es la de la SCJN, ahí se despejarán las dudas, pero estamos apostando a que la declararán anticonstitucional y harán la adecuación correspondiente", señala la Comisión en su demanda.
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Será en los próximos meses cuando el pleno de la Suprema Corte revise la constitucionalidad del "pin parental" y vote el proyecto que formule el ministro Aguilar Morales. La decisión que el máximo tribunal tome sobre la legislación educativa de Aguascalientes marcará un precedente para leyes similares en otros estados del país.
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