En los tiempos actuales, la libertad de expresión está amenazada no sólo por la violencia, sino por el poder político que desde el poder arremete contra la prensa libre, concluye el libro "La libertad de expresión", editado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Sergio García Ramírez, coautor del libro y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), explicó que la publicación reúne todas las sentencias relevantes en torno a la libertad de expresión, donde se concluye que ésta es un factor clave para que una sociedad se considere democrática, por lo que loes Estados deben de proteger el derecho en lugar de restringirlo.
"La libertad de expresión, a través de los medios de comunicación es una condición para el desarrollo de la democracia... Es inaceptable que desde las más altas tribunas del poder político se arremeta contra la libertad de expresión de la prensa libre", dijo en la presentación celebrada en la sede del Inai, y a la cual asistió Eréndira Ramos, la otra coautora del libro.
En América, la libertad de expresión vive momentos complicados, no solo por los ataques verbales desde el poder político, sino también por los asesinatos.
De acuerdo a cifras de la Corte IDH, entre 1993 y 2019 ha habido mil 324 asesinatos de periodistas en el continente. En el caso de México son 48 del año 2000 a la fecha, y lo peor es que hay un índice de impunidad superior a 90 por ciento.
Por eso, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que la libertad de expresión en América Latina se encuentra amenazada, y esta publicación es un buen ejemplo de que los Estados deben no sólo garantizar este derecho, sino de adoptar medidas de protección a los periodistas que laboran en contextos de alta violencia.
"Dada la capacidad de conocer los riesgos que enfrentan las y los periodistas, y la identificación de los perpetradores de las agresiones, lleva a pensar que el Estado sí tiene la obligación de actuar de manera preventiva", comentó.
Durante su participación en la presentación del libro, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseveró que la violencia contra la prensa no sólo viene de particulares o grupos delictivos, sino de funcionarios, quienes por su estatus, tienen que abstenerse de usar el derecho de réplica para intimidar a la prensa.
"El derecho de réplica de una autoridad debe ejercerse de manera respetuosa e informada. Si en lugar de hechos objetivos y razones fundadas se emplean calificativos, frases que denuesten o ridiculicen la labor de un medio de comunicación o de quienes ahí laboran, el legítimo debate democrático puede transformarse en un acto de intimidación y abuso del poder. Condenar o impedir la crítica nos acerca más a posiciones antidemocráticas", dijo.
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