/ viernes 24 de junio de 2016

Aniquila Suprema Corte orden ejecutiva migratoria de Obama

Carmen Flores / El Sol de México

Corresponsal Washington, D.C. (OEM-Informex).- Con una votación que terminó empatada en 4, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aniquiló la posibilidad de que entrara en vigor la Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama, para regularizar el estatus laboral y de residencia de unos 4 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos.

La decisión de los magistrados fue un golpe seco a la comunidad de inmigrantes indocumentados, la que bajo la Orden Ejecutiva que emitió Obama en noviembre de 2014; se sentían protegidos de una eventual deportación de Estados Unidos.

Sin embargo, en reacción al fallo al que calificó de desafortunado, el presidente Obama destacó que no se deportarán a los inmigrantes indocumentados que cumplan con las leyes.

“Las deportaciones –de inmigrantes indocumentados- serán una prioridad menor para la aplicación de la ley; a menos que cometan algún delito”, enfatizó el Presidente de Estados Unidos durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La ausencia de noveno magistrado de la terna en la Corte Suprema de Justicia, debido a la muerte del juez Antonín Gregory Scalia, quien falleció el pasado 13 de febrero, permitió que el fallo quedara entablado en número de sufragios.

El pasado mes de marzo, Obama anunció la nominación del juez federal Merrick Garland, para ocupar el puesto vacío que dejó en la Corte Suprema Scalia, pero la oposición republicana que controla la Cámara de Senadores bloqueó totalmente el proceso de consideración, debate y votación de la postulación del magistrado.

La ausencia del noveno juez en la Corte Suprema anuló cualquier posibilidad de una reforma migratoria por decisión de Obama, lo cual en pleno proceso de elección presidencial deja la posibilidad de que los cambios a las leyes migratorias se den bajo la presidencia de quien gane los comicios del próximo martes 8 de noviembre.

En términos jurídicos, la decisión dividida de la Corte Suprema convalida el fallo del año pasado de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito en Nuevo Orleans, Louisiana, que consideró inconstitucional a la Orden Ejecutiva de Obama.

La Corte de Apelaciones determinó que el presidente no tenía la autoridad constitucional para prevenir el cumplimiento de las leyes de inmigración sobre los inmigrantes indocumentados. Es decir, la Corte de Nueva Orleans descalificó a Obama para detener la deportación de los inmigrantes indocumentados y lo desautorizó para emitir permisos de trabajo temporal y de residencia en Estados Unidos; sin la autorización del Congreso federal.

En noviembre de 2014 cuando Obama emitió la Orden Ejecutiva que beneficiaba a unos 4 millones de inmigrantes indocumentados, una coalición de 26 estados de los 50 de la Unión Americana, encabezados por Texas, se opusieron a la decisión del presidente y la catalogaron de inconstitucional.

La Casa Blanca ante las intervenciones de las Cortes y de los Estados, apeló a la Corte Suprema de Justicia que ahora incompleta en su número de magistrados, técnicamente aniquila la orden presidencial a favor de la comunidad migratoria.

La Orden Ejecutiva de Obama pretendía emitir permisos de trabajo temporal y de residencia a inmigrantes indocumentados, padres de familia de ciudadanos estadunidenses. Al mismo tiempo, ampliaba la regularidad del estatus de residencia y laboral de millones de inmigrantes extranjeros que cuando eran menores de edad fueran llevados a Estados Unidos.

La acción unilateral de Obama sobre inmigración se dio como resultado de la ausencia de apoyo en el Congreso federal para aprobar una reforma migratoria integral, que regularizará el estatus de residencia y de trabajo de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Dominado por los republicanos en los dos extremos, la Cámara de Representantes y de Senadores, el Congreso federal aniquiló cualquier intento legislativo para modificar las leyes migratorias. Obama, quien cuando fue candidato a la presidencia prometió que de llegar a la Casa Blanca en sus primeros seis meses de Gobierno enviaría al Capitolio un proyecto de ley de reforma migratoria integral, incumplió su palabra.

El Presidente de Estados Unidos tardó seis años en actuar en materia migratoria, y al hacerlo, utilizó los poderes ejecutivos que ahora le anuló la Corte Suprema.

Con el fallo de los 8 magistrados, corresponderá al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el virtual candidato republicano, o Hillary Clinton, la virtual candidata demócrata, anular o seguir empujando en las Cortes la decisión de Obama.

Con Trump como presidente sería imposible que se mantuviera la defensa de la Orden Ejecutiva de Obama, tomando en cuenta que el magnate de la industria de la construcción y virtual candidato presidencial republicano, promete que de ganar la Casa Blanca, deportará a todos los inmigrantes indocumentados y construirá un muro a lo largo y ancho de la frontera con México, que incluso, asegura, financiará el propio Gobierno mexicano.

En el caso de una presidencia bajo Clinton, también se ve difícil la pelea en la Corte por la Orden de Obama. Lo más viable según los expertos y analistas políticos, será esperar a los resultados de la elección presidencial y general del próximo martes 8 de noviembre. De estos comicios dependerá no solo la presidencia, sino también la composición política del Congreso federal.

Un proyecto de ley de reforma migratoria impulsado en el mismo Capitolio es lo más viable para determinar el futuro de la inmigración indocumentada. Amén de que será también el próximo Presidente o Presidenta de Estados Unidos, a quien le toque nominar al candidato para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia que precisamente permitió que se anulara la Orden Ejecutiva presidencial con el empate de 4 votos.

En conferencia de prensa en el Capitolio, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos, reaccionó de forma contundente a la decisión de la Corte Suprema y a las críticas lanzadas por Obama.

“El ajuste a las leyes de inmigración corresponde únicamente al Congreso federal”, sentenció Ryan.

Carmen Flores / El Sol de México

Corresponsal Washington, D.C. (OEM-Informex).- Con una votación que terminó empatada en 4, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aniquiló la posibilidad de que entrara en vigor la Orden Ejecutiva del presidente Barack Obama, para regularizar el estatus laboral y de residencia de unos 4 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos.

La decisión de los magistrados fue un golpe seco a la comunidad de inmigrantes indocumentados, la que bajo la Orden Ejecutiva que emitió Obama en noviembre de 2014; se sentían protegidos de una eventual deportación de Estados Unidos.

Sin embargo, en reacción al fallo al que calificó de desafortunado, el presidente Obama destacó que no se deportarán a los inmigrantes indocumentados que cumplan con las leyes.

“Las deportaciones –de inmigrantes indocumentados- serán una prioridad menor para la aplicación de la ley; a menos que cometan algún delito”, enfatizó el Presidente de Estados Unidos durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La ausencia de noveno magistrado de la terna en la Corte Suprema de Justicia, debido a la muerte del juez Antonín Gregory Scalia, quien falleció el pasado 13 de febrero, permitió que el fallo quedara entablado en número de sufragios.

El pasado mes de marzo, Obama anunció la nominación del juez federal Merrick Garland, para ocupar el puesto vacío que dejó en la Corte Suprema Scalia, pero la oposición republicana que controla la Cámara de Senadores bloqueó totalmente el proceso de consideración, debate y votación de la postulación del magistrado.

La ausencia del noveno juez en la Corte Suprema anuló cualquier posibilidad de una reforma migratoria por decisión de Obama, lo cual en pleno proceso de elección presidencial deja la posibilidad de que los cambios a las leyes migratorias se den bajo la presidencia de quien gane los comicios del próximo martes 8 de noviembre.

En términos jurídicos, la decisión dividida de la Corte Suprema convalida el fallo del año pasado de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Distrito en Nuevo Orleans, Louisiana, que consideró inconstitucional a la Orden Ejecutiva de Obama.

La Corte de Apelaciones determinó que el presidente no tenía la autoridad constitucional para prevenir el cumplimiento de las leyes de inmigración sobre los inmigrantes indocumentados. Es decir, la Corte de Nueva Orleans descalificó a Obama para detener la deportación de los inmigrantes indocumentados y lo desautorizó para emitir permisos de trabajo temporal y de residencia en Estados Unidos; sin la autorización del Congreso federal.

En noviembre de 2014 cuando Obama emitió la Orden Ejecutiva que beneficiaba a unos 4 millones de inmigrantes indocumentados, una coalición de 26 estados de los 50 de la Unión Americana, encabezados por Texas, se opusieron a la decisión del presidente y la catalogaron de inconstitucional.

La Casa Blanca ante las intervenciones de las Cortes y de los Estados, apeló a la Corte Suprema de Justicia que ahora incompleta en su número de magistrados, técnicamente aniquila la orden presidencial a favor de la comunidad migratoria.

La Orden Ejecutiva de Obama pretendía emitir permisos de trabajo temporal y de residencia a inmigrantes indocumentados, padres de familia de ciudadanos estadunidenses. Al mismo tiempo, ampliaba la regularidad del estatus de residencia y laboral de millones de inmigrantes extranjeros que cuando eran menores de edad fueran llevados a Estados Unidos.

La acción unilateral de Obama sobre inmigración se dio como resultado de la ausencia de apoyo en el Congreso federal para aprobar una reforma migratoria integral, que regularizará el estatus de residencia y de trabajo de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Dominado por los republicanos en los dos extremos, la Cámara de Representantes y de Senadores, el Congreso federal aniquiló cualquier intento legislativo para modificar las leyes migratorias. Obama, quien cuando fue candidato a la presidencia prometió que de llegar a la Casa Blanca en sus primeros seis meses de Gobierno enviaría al Capitolio un proyecto de ley de reforma migratoria integral, incumplió su palabra.

El Presidente de Estados Unidos tardó seis años en actuar en materia migratoria, y al hacerlo, utilizó los poderes ejecutivos que ahora le anuló la Corte Suprema.

Con el fallo de los 8 magistrados, corresponderá al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el virtual candidato republicano, o Hillary Clinton, la virtual candidata demócrata, anular o seguir empujando en las Cortes la decisión de Obama.

Con Trump como presidente sería imposible que se mantuviera la defensa de la Orden Ejecutiva de Obama, tomando en cuenta que el magnate de la industria de la construcción y virtual candidato presidencial republicano, promete que de ganar la Casa Blanca, deportará a todos los inmigrantes indocumentados y construirá un muro a lo largo y ancho de la frontera con México, que incluso, asegura, financiará el propio Gobierno mexicano.

En el caso de una presidencia bajo Clinton, también se ve difícil la pelea en la Corte por la Orden de Obama. Lo más viable según los expertos y analistas políticos, será esperar a los resultados de la elección presidencial y general del próximo martes 8 de noviembre. De estos comicios dependerá no solo la presidencia, sino también la composición política del Congreso federal.

Un proyecto de ley de reforma migratoria impulsado en el mismo Capitolio es lo más viable para determinar el futuro de la inmigración indocumentada. Amén de que será también el próximo Presidente o Presidenta de Estados Unidos, a quien le toque nominar al candidato para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia que precisamente permitió que se anulara la Orden Ejecutiva presidencial con el empate de 4 votos.

En conferencia de prensa en el Capitolio, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos, reaccionó de forma contundente a la decisión de la Corte Suprema y a las críticas lanzadas por Obama.

“El ajuste a las leyes de inmigración corresponde únicamente al Congreso federal”, sentenció Ryan.