La conocida periodista filipina Maria Ressa fue declarada culpable en un dudoso caso de difamación cibernética y podría enfrentarse a una pena de entre seis meses y seis años de prisión.
Ressa, nombrada persona del año por la revista Time en 2018, dirige desde 2012 el portal Rappler, medio que ha destapado varios escándalos que atañen al presidente Rodrigo Duterte y fue pionero en denunciar los abusos de su polémica guerra contra las drogas.
La directora ha sido condenada junto al periodista Reynaldo Santos por un artículo que Rapple publicó en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario Wilfredo Keng, el demandante, con el tráfico de drogas.
Los dos periodistas, que aún no entrarán en la cárcel porque el caso es recurrible, han sido condenados además a pagar una indemnización de 400.000 pesos (unos 7.950 dólares/7.000 euros) al empresario.
Nueve casos pendientes
Éste no es el único proceso judicial contra la laureada periodista, tiene pendientes otros nueve casos relacionados con evasión de impuestos y con la violación de las leyes filipinas de propiedad de los medios, que no permiten el capital extranjero.
Ressa ha insistido en repetidas ocasiones en que todos los cargos contra ella son "fabricados" en un intento de silenciar la prensa libre y acallar a los críticos de Duterte, quien no ha ocultado su animadversión hacia Rappler, medio al que ha acusado de estar financiado por la CIA estadounidense, además de tratar de revocar su licencia y negar el acceso al palacio presidencial a sus reporteros.
Maria Ressa es representada por Amal Clooney y otros especialistas en Derechos Humanos de la firma británica Doughty Street Chambers quienes se incorporaron a un equipo legal integrado por abogados estadounidenses y filipinos.
"Maria Ressa es una valiente periodista que está siendo perseguida por informar las noticias y hacer frente a los abusos de los derechos humanos", dijo Clooney.
"Buscaremos todos los recursos legales disponibles para reivindicar sus derechos y defender la libertad de prensa y el estado de derecho en Filipinas", agregó la abogada británico-libanés.
Irregularidades en la demanda
Además de cuestionar la base de la difamación, la defensa de Ressa y varios expertos legales han puesto el foco en otras irregularidades que presenta este caso, principalmente la prescripción del delito.
El otro aspecto cuestionable es que la Ley de Delitos Cibernéticos en la que la acusación se apoya se aprobó en octubre de 2012, cinco meses después de la publicación del artículo, por lo que se está aplicando con carácter retroactivo, algo que no se puede hacer en el caso de ofensas criminales.
En base a esto, la División de Delitos Cibernéticos de la Oficina Nacional de Investigación desestimó el caso en febrero de 2018, pero el Departamento de Justicia lo reabrió sobre la base de la "republicación", ya que en 2014 el medio actualizó el artículo para corregir un error tipográfico.
Con información de The Guardian
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