/ martes 5 de marzo de 2024

Presidenta del Congreso español rechaza dimitir tras acusaciones de corrupción

Francina Armengol es acusada por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia

La tercera autoridad del Estado en España, la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, rechazó este martes dimitir como exige la oposición de derecha en medio de acusaciones de corrupción por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

"No estoy investigada, ni yo ni nadie de mi Gobierno y no salimos en el sumario" judicial que investiga si hubo irregularidades, en un caso que se remonta a cuando presidía el Gobierno regional de Baleares, antes de llegar a la presidencia de la Cámara baja del Parlamento español.

El principal grupo de oposición en el Congreso, el conservador Partido Popular (PP), insiste en la responsabilidad de Armengol y pide explicaciones al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, por un caso cuya investigación llega a la Fiscalía Europea.

Víctima en vez de cómplice

La presidenta de la Cámara baja es la tercera autoridad en España tras el jefe de Estado, el rey Felipe VI, y el presidente del Gobierno.

Armengol compareció ante los medios en Madrid un día después de que el PP presentara un escrito en el Congreso en el que exige que dimita.

"Se han detenido a veinte personas y nadie de Baleares. Mi Gobierno en todo caso podría ser víctima, jamás ni cómplice ni colaborador", puntualizó la política socialista sobre las acusaciones de los conservadores, que la consideran "presunta colaboradora necesaria de la estafa".

El Gobierno regional de las islas Baleares, que presidió durante ocho años, "compró legalmente" el material sanitario necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19, recalcó.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acusó a Armengol de mentir al negar que estuviera siendo investigada por la Justicia, en referencia a la investigación abierta el lunes por la Fiscalía Europea sobre la compra con fondos europeos de mascarillas en las regiones españolas de Baleares y Canarias.

En esa última cuando presidía su Gobierno regional el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Comisión de investigación

La Mesa del Congreso, el órgano rector de la Cámara, admitió a trámite este martes una petición del partido socialista PSOE, que gobierna en España en coalición con la formación de izquierda Sumar, para crear una comisión que investigue la contratación de material sanitario durante la pandemia por las administraciones públicas en toda España.

El Congreso da así luz verde a la posibilidad de crear esta comisión con el voto a favor de los miembros en la Mesa del PSOE y Sumar, incluyendo la propia presidenta de la Cámara.

El PP no votó en protesta porque Armengol haya participado en la votación: "No puede votar sobre una comisión que debería investigarla a ella".

Ahora será el pleno del Congreso el que vote sobre la creación de la comisión.

La Fiscalía Europea abrió su investigación tras recibir una denuncia de un particular sobre la compra en Canarias de material sanitario por unos 12 millones de euros y en Baleares por 3,7 millones, por si hubo delitos que afecten a los intereses financieros de la UE, en este caso por malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Según una investigación judicial en curso en España, el Gobierno regional de Baleares certificó en 2020 que una empresa llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado por 3.7 millones de euros, pero tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.

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De acuerdo al sumario, esa empresa estaría implicada en el pago de comisiones ilegales cobradas presuntamente en aquella época por Koldo García, asesor entonces del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos, por contratos públicos de compra de mascarillas.

El PSOE pidió la semana pasada al exministro Ábalos que por "responsabilidad política" dimita como diputado, su único cargo público en estos momentos, pero él se negó con el argumento de que necesita defender su "honorabilidad" y pasó al grupo Mixto.

La tercera autoridad del Estado en España, la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, rechazó este martes dimitir como exige la oposición de derecha en medio de acusaciones de corrupción por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

"No estoy investigada, ni yo ni nadie de mi Gobierno y no salimos en el sumario" judicial que investiga si hubo irregularidades, en un caso que se remonta a cuando presidía el Gobierno regional de Baleares, antes de llegar a la presidencia de la Cámara baja del Parlamento español.

El principal grupo de oposición en el Congreso, el conservador Partido Popular (PP), insiste en la responsabilidad de Armengol y pide explicaciones al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, por un caso cuya investigación llega a la Fiscalía Europea.

Víctima en vez de cómplice

La presidenta de la Cámara baja es la tercera autoridad en España tras el jefe de Estado, el rey Felipe VI, y el presidente del Gobierno.

Armengol compareció ante los medios en Madrid un día después de que el PP presentara un escrito en el Congreso en el que exige que dimita.

"Se han detenido a veinte personas y nadie de Baleares. Mi Gobierno en todo caso podría ser víctima, jamás ni cómplice ni colaborador", puntualizó la política socialista sobre las acusaciones de los conservadores, que la consideran "presunta colaboradora necesaria de la estafa".

El Gobierno regional de las islas Baleares, que presidió durante ocho años, "compró legalmente" el material sanitario necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19, recalcó.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acusó a Armengol de mentir al negar que estuviera siendo investigada por la Justicia, en referencia a la investigación abierta el lunes por la Fiscalía Europea sobre la compra con fondos europeos de mascarillas en las regiones españolas de Baleares y Canarias.

En esa última cuando presidía su Gobierno regional el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Comisión de investigación

La Mesa del Congreso, el órgano rector de la Cámara, admitió a trámite este martes una petición del partido socialista PSOE, que gobierna en España en coalición con la formación de izquierda Sumar, para crear una comisión que investigue la contratación de material sanitario durante la pandemia por las administraciones públicas en toda España.

El Congreso da así luz verde a la posibilidad de crear esta comisión con el voto a favor de los miembros en la Mesa del PSOE y Sumar, incluyendo la propia presidenta de la Cámara.

El PP no votó en protesta porque Armengol haya participado en la votación: "No puede votar sobre una comisión que debería investigarla a ella".

Ahora será el pleno del Congreso el que vote sobre la creación de la comisión.

La Fiscalía Europea abrió su investigación tras recibir una denuncia de un particular sobre la compra en Canarias de material sanitario por unos 12 millones de euros y en Baleares por 3,7 millones, por si hubo delitos que afecten a los intereses financieros de la UE, en este caso por malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Según una investigación judicial en curso en España, el Gobierno regional de Baleares certificó en 2020 que una empresa llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado por 3.7 millones de euros, pero tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.

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De acuerdo al sumario, esa empresa estaría implicada en el pago de comisiones ilegales cobradas presuntamente en aquella época por Koldo García, asesor entonces del exministro de Transportes socialista José Luis Ábalos, por contratos públicos de compra de mascarillas.

El PSOE pidió la semana pasada al exministro Ábalos que por "responsabilidad política" dimita como diputado, su único cargo público en estos momentos, pero él se negó con el argumento de que necesita defender su "honorabilidad" y pasó al grupo Mixto.

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