WASHINGTON. El gobierno del presidente Donald Trump puso un nuevo obstáculo a quienes buscan asilo, determinando que ser perseguido por amenazas contra un miembro de la familia no es en general suficiente para obtener asilo en Estados Unidos.
El fiscal general William Barr emitió una decisión que establecerá un estándar para todos los jueces de inmigración, valiéndose de la misma competencia que sus predecesores Jeff Sessions y Matthew Whitaker usaron para tratar de reducir el universo de personas que potencialmente califican para el asilo.
El gobierno está buscando activamente reducir el número de solicitudes de asilo, porque dice que el sistema está abrumado por reclamos fraudulentos.
La cantidad de personas detenidas en la frontera entre EU y México ha aumentado durante el gobierno de Trump, y muchos centroamericanos han pedido refugio en Estados Unidos a pesar de que la gran mayoría de sus reclamos finalmente son rechazados en los tribunales.
Los tribunales de inmigración de Estados Unidos están bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, y el fiscal general puede intervenir en los casos para establecer un precedente legal.
En el caso de los lazos familiares, Barr anuló una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, argumentando que dictaminó incorrectamente que un mexicano podía pedir la protección de asilo porque las amenazas en su contra surgieron sólo después de que un cártel de drogas amenazó primero a su padre.
La ley de asilo exige que las solicitudes se evalúen caso a caso para demostrar que la persecución se basó en la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un "grupo social particular".
En tanto, un reporte difundido ayer indica que menos del 1.5% de migrantes forzados a esperar en México el desarrollo de su petición de asilo en Estados Unidos tiene representación legal.
El análisis de TRAC destaca que sin representación legal experimentada, las posibilidades de obtener asilo son mínimas.
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