El extesorero en la administración de Javier Duarte de Ochoa, Tarek Abdalá, ya tiene orden de aprehensión girada por la juez de control, Mónica Segovia Jácome, por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), toda vez que hay irregularidades en las cuotas que éstos aportaron a dicho seguro.
Esta orden de control respondería a las pruebas presentadas en el estado en contra del ex tesorero de la administración duartista al que se le involucra de acuerdo a lo exhibido por al Fiscalía General del Estado en desvíos por un monto de 453.6 millones de pesos.
De acuerdo con los datos ese monto no se tiene documentado su destino. Cabe recordar que el extesorero de Javier Duarte de Ochoa es testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) en los procesos que se siguen contra los ex secretarios de finanzas de Veracruz., sin embargo, esto no le deja absuelto de rendir cuentas por este caso.
La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el Distrito Judicial de Xalapa.
Por estos hechos también se involucra a Antonio Gómez Pelegrín, extitular de Sefiplan; a Arnulfo Octavio García Fragoso, tesorero de la misma dependencia además del ex director de operación de esa misma institución, José Francisco Díaz y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de la tesorería de Veracruz.
Entre las pruebas presentadas por la representación social estaría un dictamen pericial contable con fecha del 4 de septiembre de 2018 en el que se apunta que las retenciones efectuadas y no enteradas al sindicato del periodo de diciembre de 2010 a noviembre de 2016 dieron un total de 453.68 millones de pesos.
De acuerdo con los informes la Secretaría de finanzas no cumplió con las obligaciones previstas en la ley del seguro social pues no se enteraron las retenciones se vieron descontadas a los trabajadores en la nómina reportada por la SEP, además no se hicieron los trámites correspondientes para que el recurso descontado fuera dirigido a los créditos de Seguridad Social y otros pagos a empresas con los que debían cumplir los trabajadores y que el gobierno si descontó.
