Han pasado nueve años desde que en un operativo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, y el Ejército mexicano, 596 personas fueron rescatadas la mañana del 15 de julio del 2014 en el albergue conocido como “La Gran Familia”, ubicado en Zamora, Michoacán, que durante 60 años operó para traficar miles personas.
El recinto hacia el exterior era manejado como albergue para huérfanos y personas en situación de calle y era propiedad de una nonagenaria llamada Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, pero en realidad era un lugar donde se traficaba con menores de edad, y en el que también existían personas de todas las edades que vivían privadas de su libertad, eran maltratadas, vejadas y obligadas a mendigar y a vivir en hacinamiento.
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Luego del aparatoso rescate y la historia del albergue que le dio la vuelta al mundo, el 8 de agosto de aquel 2014 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal prometió una reparación integral del daño para quienes habían padecido los abusos al interior del albergue, además de “hacer efectivos cada uno de sus derechos y garantías, de las personas afectadas y en especial a la protección, la verdad y la justicia a través de un grupo de abogados especialistas”, según está plasmado en un comunicado de la dependencia que todavía se puede consultar en línea.
Al día de hoy y a nueve años de distancia de ese hecho que desenmascaró la verdad del albergue “La Gran Familia de Zamora”, menos de 20 personas internadas en el albergue en ese momento han recibido una resolución judicial para obtener la reparación del daño que en su momento recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque en ningún caso se puede hablar de una respuesta integral.
El primero en lograrlo fue Eduardo Verduzco Verduzco, un joven que vivió aquel infierno y ahora espera que en este mismo año se termine un largo camino de abogados y litigios para acceder a la justicia.
Entrevistado en la Ciudad de México, Eduardo, quien ahora tiene 27 años, va directo al grano y califica a la CEAV federal de “vendidos”, pues asegura que nunca cumplieron con las promesas de reparar los daños y eso lo obligó a buscar un despacho jurídico particular, “porque ni el propio gobierno nos defiende”.
Recuerda que Alberto Herrera, el entonces director general de Amnistía Internacional, lo llevó en 2019 a la Comisión con la creencia de que iba a obtener justicia para un grupo de víctimas.
“Es entonces que me prometen una cuantiosa reparación del daño, pero sólo para mí y para nadie más”. Eduardo declinó la oferta particular y entonces escuchó que le “iban a hacer la vida imposible”, amenaza que vino de Jaime Rochín del Rincón, uno de los asesores del entonces titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal.
Sin acceso a la justicia, Verduzco se sintió en el abandono y cayó en la adicción al cristal, el cual probó por primera vez por invitación de una doctora que encabezaba el área médica de la propia CEAV, dice. Luego vendrían varios intentos de suicidio y una nueva negativa para rehabilitarlo, aunque al final lo ingresaron a un anexo.
Ese escenario lo llevó a ventilar su caso en los medios de comunicación en 2019 y pedir justicia a través de la plataforma change.org, pero lo único que obtuvo fue una detención ilegal que lo llevó a estar en el Reclusorio Oriente por dos semanas, acusado del delito de daño a la propiedad en una institución de gobierno federal. “Me dijeron que les rompí una silla y les tuve que pagar 3 mil pesos”, recuerda entre risas de desahogo.
Verduzco hace hincapié en que su breve estancia en la cárcel fue el detonante para convertirse propiamente en un activista de su causa, que busca la justicia para todas las víctimas del albergue.
Abrió redes sociales y se empezó a hacer conocido, por lo que recibía mensajes que buscaban asesoría. Después escribió un libro que fue editado por una editorial independiente de la Ciudad de México donde narra el infierno vivido en el albergue zamorano.
Hasta hoy, dice, la CEAV federal sólo ha dado reparaciones parciales, pero no la llamada reparación integral contemplada en la Ley General de Víctimas, que implica proveer los medios médicos, sicológicos, materiales y humanos para seguir con su vida.
“En mi caso son seis años de peregrinar, porque cada que obtenía un resolución del juez a mi favor, la Comisión promovía un amparo", asegura.
Ponen mil trabas, te desgastan hasta que te rindas, pero yo estoy a punto de ganar la batallaEduardo Verduzco Verduzco
Representado por el despacho Asesoría Jurídica Victimal, Eduardo está a la espera de que le finiquiten el monto para reparar de manera integral el daño causado en el albergue de Mamá Rosa.
Además de la cantidad económica, el Estado debe ofrecer una disculpa pública por las omisiones y construir un memorial para las víctimas.
Su representante legal, Noé Franco Pacheco, dice en entrevista que en 2018 tomaron el caso de Eduardo pero la CEAV les negó el derecho a la reparación, por lo que se ampararon y un juez les dio la razón.
En 2021 se emitió el documento definitivo, donde se instruye que la víctima sea reparada en todos los aspectos, incluyendo la solicitud del memorial.
Con todo y eso, ya pasó otro año y medio y falta el último depósito, lo que esperan suceda en los últimos meses del año.
Eduardo señala que lleva seis meses sin atención psicológica y dos años sin evaluación psiquiátrica, obligaciones que la Comisión ha omitido y que ahora justifica por el cierre forzado de sus oficinas en la Ciudad de México, tomadas desde marzo pasado.
En cuanto el trámite se lleve a cabo, el joven espera cerrar la página y comenzar una nueva vida. Hace unos meses buscó a su familia, a su madre, una mujer que ejercía la prostitución cuando Eduardo cayó en el albergue de Zamora.
“Ahora recibo muchas solicitudes de personas que pasaron por lo mismo; eso me hace sentir bien, me dicen que soy su estandarte, lo que me da ánimo para seguir adelante y no convertirme en una persona mala por todo lo que estaba cargando”.
Mamá Rosa se apropió incluso de los hijos de sus víctimas
La historia de María Esther Torres Verduzco no es muy distinta, con el atenuante de que ella fue entregada de manera voluntaria por su madre biológica en el albergue, luego de que la propia Mamá Rosa acudió a una estación de radio local para promover su albergue ofreciendo pagar el parto de mujeres que quisieran dar a sus hijos en adopción.
Esther vivió en el albergue “La Gran Familia” toda su vida, hasta que llegó el operativo del 15 de julio del 2015. Ahí conoció a su pareja y tuvo a su primer hijo. Ella relata que Mamá Rosa la golpeó y le pisó la cabeza hasta que sangró por la nariz cuando se enteró de que estaba embarazada.
La castigó unos días y la metió en un cuarto oscuro y estrecho que los habitantes del albergue conocían como “El Pinocho” y donde sabían que ahí estarían literalmente a pan y agua hasta que Rosa Verduzco les perdonará su falta.
Contra todo pronóstico Esther sobrevivió a las golpizas y pudo llevar a término su embarazo y dio a luz a un varón que decidió llamar Enrique, pero nuevamente Mamá Rosa intervino y le añadió el nombre de Jesús y sus apellidos. El padre del niño se escapó del albergue, cuenta Esther tenía tan solo cuatro meses de embarazo y nunca volvió a saber de él.
Para cuando salieron del albergue, Esther y su hijo tuvieron que demostrar con pruebas de ADN su lazo consanguíneo y hoy se enfrentan a la burocracia de este país por la confusión que causa el registro de los datos en el acta de nacimiento de Enrique, que Mamá Rosa, registro con sus apellidos: Verduzco Verduzco.
Enrique de Jesús actualmente es un joven de 17 años y estudia la preparatoria y tiene intenciones de convertirse en abogado para entender un poco la historia de su madre y la propia.
En el albergue de Mamá Rosa cursó unos años de primaria que revalidó, pero cuando él y su madre dejaron atrás la pesadilla ella decidió registrarlo con su apellido: Enrique de Jesús Torres.
“Esto nos ha traído muchos problemas, porque por una parte ahora mi hijo tiene dos identidades pero es la misma persona y por el otro en la Comisión de Víctimas no lo reconocen como tal”, dijo.
Entrevistada en un café de Zamora, Esther accede a contar su historia a El Sol de Morelia, en un intento por ser reconocida como víctima de Rosa Verduzco y para que al igual que Eduardo Verduzco poder algún día alcanzar una justicia integral de ese negro episodio que marco su existencia.
“Cuando salgo del albergue me doy cuenta de muchas cosas: primero, que Rosa Verduzco registró a mi niño con sus apellidos porque tenía todas las intenciones de darlo en adopción. Quería quitármelo, pero nunca me dejé. Recuerdo como no me dejaban dormir con él, pero yo lo peleé con todo. Luego, conocí a una señora que dijo que era mi mamá biológica y que quería explicarme porque me había dejado ahí, pero yo no la dejé”, relata.
De estatura media, piel y ojos claros, Esther, es una mujer que hoy ha intentado rehacer su vida a empujones, con estigmas. Trabaja en un lugar donde venden ropa y vende lo que puede a comisiones para sacar adelante a su hijo y a otra niña que tiene con su nueva pareja.
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Sus ojos marrones y sus palabras se llenan de rencor cuando evoca los días del albergue que hoy es un cascarón, pero que guarda en sus pocas paredes que permanecen en pie, los vestigios del dolor de miles de personas que vieron truncadas sus vidas por un sinfín de maltratos y vejaciones.
Las víctimas de Mamá Rosa se cuentan por miles en un periodo de 60 años que contó con el apoyo casi incondicional de un entramado político, social y religioso, que hizo posible la trata de personas, la venta ilegal de niños y el confinamiento de personas en condiciones infrahumanas.
Hoy un despacho de abogados se ha dado a la tarea de localizar a las víctimas de mamá rosa para ayudarlos a hacer demandas colectivas para exigir al Estado mexicano que repare los daños derivados de su omisión por décadas.
En este sentido la abogada de las víctimas, Reyna Velasco señala que el Estado se comprometió a ayudarles a gestionar las modificaciones en los actas de nacimiento que ellos requieran, ya sea que quisieran seguir manteniendo el apellido Verduzco o tener la identidad con la que ellos se sientan cómodos.
Además también está comprometido por parte del estado un Memorial que no ha podido avanzar por burocracia.
De las casi 600 personas rescatadas del albergue de Mamá Rosa, más de 400 eran menores de edad que de acuerdo a la versión oficial, fueron entregados con familiares de primera o segunda línea y enviados a sus lugares de origen.
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Esther y Eduardo han podido documentar que “sus hermanos” como ellos se llaman entre sí, se encuentran regados por todo el país e incluso en algunos se fueron a Estado Unidos y muchos han preferido seguir con sus vidas en lugar de litigar y tratar de olvidar lo que llevan en el apellido.
Publicado originalmente en El Sol de Morelia
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