En Venezuela el nivel de violencia va en aumento, el pasado 27 de junio, Óscar Pérez, inspector adscrito a la división de transporte aéreo de la policía científica (CICPC), se robó un helicóptero para luego disparar y lanzar granadas contra el edificio del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo (TSJ). El mandatario Nicolás Maduro calificó el hecho como un acto de terrorismo y aseguró que en su gobierno lo que no puedan defender con los votos lo harán con las armas.
El responsable de este ataque al TSJ tenía un objetivo personal: convertirse en héroe. Lamentablemente para él, las autoridades no lo derribaron en pleno aire, prefirieron que se le acabara la gasolina y que regresara a tierra. El rebelde tampoco consiguió que otros militares se unieran a una aventura golpista.
¿Por qué se eligió el TSJ como blanco? Recordemos que el Tribunal fue el que declaró en desacato a la Asamblea Nacional (con mayoría opositora) por haber habilitado a tres diputados que habían sido impugnados. En respuesta, los legisladores desconocieron al TSJ.
Ahora bien, la mayoría de los medios de comunicación eligieron con dolo y con una intención política, condenar más las palabras de guerra de Maduro que el hecho asesino de Óscar Pérez. En otras palabras, los comunicólogos aplicaron uno de los conceptos de Joseph Goebbels: “El principio de la silenciación: Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines”.
La oposición insiste en tensar la cuerda hasta que se reviente. Los inconformes al régimen quemaron vivo a otro joven de nombre José Bravo, quien intentó evadir con su camión un disturbio callejero en Maracaibo, estado de Zulia.
¿Cómo se debe entender el mensaje que manda la oposición a la población? ¿Es el plan de gobierno de los opositores para todo aquél que piense diferente?
El problema es que el conflicto no se ha extendido a la totalidad de Venezuela, a esto se suma otro inconveniente: la oposición no cuenta con el armamento para liquidar físicamente al gobierno, el cual hasta el momento es respaldado por la mayoría de los militares. Por tanto, la oposición está dependiendo de una acción militar extranjera. En el fondo de esta lucha, se encuentra el control del petróleo.
Los problemas internos y externos para la administración madurista se multiplican, la fiscal general Luisa Ortega se declaró en desconocimiento de las decisiones del TSJ que le quita facultades, ella se ha declarado en rebeldía.
Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los operativos de los cuerpos de seguridad del estado, mayormente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), las autoridades acusaron a la CIDH de emitir juicios tendenciosos y desconocer los esfuerzos del estado venezolano por garantizar la paz. La violencia que se viene registrando desde el mes de abril, ha dejado 80 muertos y miles de heridos.
En este contexto, la patria de Simón Bolivar se encamina al proceso para elegir a la Constituyente, el proceso deberá celebrarse el 30 de julio. Por lo que se puede esperar que los actos violentos irán escalando en su intensidad, el reto será garantizar condiciones mínimas para la jornada electoral. El resultado electoral no lo reconocerá la oposición y ésta cuestiona que solo se podrá elegir al 49 por ciento de los integrantes de la Constituyente y el resto lo elegirá el gobierno.
Estamos viviendo una nueva etapa histórica de Venezuela que podría cambiar la historia de nuestro continente.
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