Al interior de la 4T se sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al mando de SANTIAGO NIETO, avanza en la investigación de todo el grupo cercano al finado secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, entre los que destaca Óscar Callejo, subsecretario de Infraestructura; así como diversas constructoras que fueron beneficiadas con contratos millonarios en el sexenio pasado y que podrían tener vínculos con este exfuncionario.
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El expediente giraría en torno a manejos irregulares en varias de las obras ejecutadas desde la SCT, como son el inconcluso Tren México-Toluca, el cancelado NAIM de Texcoco, el Paso Exprés, y programas carreteros federales, por mencionar algunos. Así, se sabe que el expediente financiero de estos proyectos estaría próximo a judicializarse, esto gracias a la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero.
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Muy a la callada, pero importante, fue la aprobación esta semana de la modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impulsada por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, que obligará a que todas las sentencias judiciales sean públicas. Con anterioridad, el artículo 73 de esta Ley señalaba que los Poderes Judiciales debían dar a conocer únicamente las sentencias de “interés público”. La ambigüedad de este concepto ha permitido que los juzgados y tribunales publiquen pocas o ninguna de sus sentencias.
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Esta semana se celebraron dos eventos periodísticos de gran calado. Por una parte el LATAM Media Leaders eSummit, organizado por WAN-IFRA, y por otra el SIPConnect Online 2020 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Fue inevitable que se hablara de la transformación de los medios hacia instrumentos más confiables para el público, en lugar del ruido de las redes sociales, y de que en un mundo con más inteligencia artificial con robots capaces de hacer notas por sí solos y subirlas a web, lo que más urge es periodismo de calidad, de investigación, colaborativo e hiperlocal, que las máquinas todavía no pueden hacer.
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En relación a lo publicado ayer en este espacio sobre el desapego de la Profeco, que encabeza Ricardo Sheffield, frente al confuso regreso a clases que se avecina, el funcionario nos asegura que no hay tal, que ciertamente no tiene atribuciones en el establecimiento de precios, pero que este año su dependencia ha atendido más de 300 quejas de padres de familia relacionadas con servicios educativos, sin que sea necesario ningún protocolo especial. Asimismo, que en el caso específico de padres de familia que decidan cambiar a sus hijos de escuela, los colegios están obligados a regresar el pago de reinscripción si se cubrió anticipadamente.
En materia de medicamentos asegura que ha atendido 70 casos de denuncias de incrementos en precios de medicinas, “un número que en realidad es muy bajo para la actividad de ese giro comercial”, y en materia de viajes cancelados por la pandemia se han resuelto más de dos mil quejas.