Luis Fernando Rosas Ramírez
Abogado especialista en derechos humanos e integrante del Centro Jurídico para los Derechos Humanos.
X: @LuisF_Rosas
El sentido de conmemorar un Día de la No Violencia y la Paz tiene que ver con generar conciencia sobre las posibilidades de lograr cambios sociales sin recurrir a la violencia. Sin embargo, la violencia se ha normalizado en nuestra vida cotidiana al grado que el ejercicio de nuestros derechos se ha visto permanentemente amenazado —problema al que hay que sumar la indiferencia gubernamental con las víctimas.
Inspirándose en Gandhi y los principios de la ONU, el Día de la No Violencia y la Paz promueve la resistencia civil pacífica y el papel activo de la sociedad ante la inacción gubernamental y la complejidad de la violencia. A pesar de lo anterior, es frecuente encontrar que el discurso oficial reproduce la idea de que la violencia se combate con más violencia: grandes operativos, castigos ejemplares, estrategias paramilitares, suspensión de derechos. De manera lamentable, en varios países latinoamericanos se construido una narrativa de combate frontal contra actores vagamente identificados como culpables de la violencia —las drogas, las pandillas, el narco— para justificar la reproducción de estrategias que tienden a legitimar prácticas autoritarias. Esto también ha significado renunciar a indagar las causas estructurales de la violencia, que se manifiesta desde las etapas iniciales de la vida de las personas. Basta con mencionar que la Red por los Derechos de la Infancia documentó que en México durante el 2022 hubo 35,000 niñas y niños atendidos por lesiones a consecuencia de castigos corporales infringidos por sus familiares. La violencia consigue justificarse al asumir que se trata de niños, niñas y adolescentes problemáticos para quienes la mano dura es el único remedio.
Lo anterior es apenas una muestra de que en nuestro país es muy común culpar a las víctimas por la violencia que sufrieron. Por ejemplo, el machismo imperante en México intenta justificar los feminicidios diciendo que las once mujeres que son privadas de la vida diariamente son culpables, por sus decisiones o su entorno. Como podemos ver, la violencia se adapta en razón de género, grupo etario, situación de pobreza, y no es exclusiva del crimen organizado: está presente en vínculos como un noviazgo o, incluso, en relaciones familiares.
Analizar estos datos podría ayudarnos a encontrar soluciones que articulen una perspectiva integral de atención a los problemas graves de violencia que vive el país. Por eso es indispensable remitirnos a los básicos para la construcción de paz, empezando por el acceso y la garantía plena a los derechos de todas las personas.
Es indispensable construir (o consolidar, según el caso) instituciones sólidas, garantes y protectoras de derechos humanos, que sean funcionales y que ayuden a eliminar las prácticas violentas desde las causas.
En el escenario nacional actual, no sobra el recordatorio de que en México el esfuerzo por generar una agenda mínima de construcción de paz lo está llevando a cabo la sociedad civil, con ahínco, ante la absoluta indiferencia del gobierno.
