El oprobioso decreto de austeridad del Presidente López Obrador del 23 de abril alcanzó al Instituto Nacional de las Mujeres; ahí se señala no habrá recortes en programas prioritarios relacionados con la defensa de los derechos humanos, sin embargo el miércoles pasado en la sesión de la Junta de Gobierno del Inmujeres se aprobó un recorte de 75% a su presupuesto argumentando esos recursos se utilizarán para atender los estragos de la pandemia.
Para lograr la mayoría de votos, dos consejeras que representan los estados de Baja California Sur y Chiapas, aprobaron la propuesta de recorte en la sesión presidida por Olga Sánchez Cordero, primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobernación. Lamentable sean mujeres quienes apuntalen el derrumbe de esta Institución.
Si alguien piensa que dedicar recursos públicos a favor de nuestros derechos a través de la institucionalización de políticas públicas es una graciosa concesión a las latosas insurrectas, insoportables e insumisas mujeres feministas, de las ONGs y de los partidos de oposición, está totalmente equivocado. Construir un estado de derecho para las mujeres de todas las edades y condiciones, es una obligación del Estado mexicano con Tratados internacionales, con los acuerdos de la Plataforma de Beijing y con la Constitución.
Todo lo que hemos logrado es porque hemos luchado por ello y lo hemos venido concretando gradualmente en cada sexenio; pero en este gobierno de López Obrador, la presencia de mujeres de izquierda y feministas ha sido mediatizada.
El objeto de la creación del Inmujeres es lograr el adelanto de las mujeres. Desde su configuración en 2001 se ha venido trabajando para que cuente con más apoyo presupuestal para cumplir con su objeto. Quitarle lo logrado, es un atentado a su objeto, por más que algunas feministas que están en el gobierno o cerca, justifiquen el recorte y señalen se podrá reorganizar sus acciones y no se detendrá el trabajo sustantivo de su encomienda. Habría que recordarles a quienes dirigen el Instituto que una política pública se conforma de dos componentes que son complementarios: el sustento sustantivo del fundamento y la acción adjetiva que lo concreta, es decir las acciones legales para cumplir el objeto de la creación del Instituto se sustentan en el PROIGUALDAD, el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la perspectiva de género, este es el piso mínimo para lograr la protección real a través del ejercicio de los derechos de las mujeres y de las niñas. Se equivoca la presidenta del Instituto Nadine Gasman si cree que “harán más con menos”.
Tampoco por cierto, se logrará remontar la desigualdad y la prevención de la violencia de género promoviendo “alianzas con los hombres para lograr la paz y la convivencia respetuosa” “tomándonos de la mano con ellos” como dice la secretaria Sánchez Cordero. Los cambios estructurales se logran con la Ley y las políticas públicas aplicadas de manera sustantiva y adjetiva; así se estableció en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y el Presidente está obligado en primer lugar a respetar la decisión de la Cámara respecto al Presupuesto y a que no sufra regresión ninguna política en materia de derechos humanos.
Rebatiendo la fórmula Sánchez Cordero: es imposible ir de la mano con el hombre que vive en Palacio Nacional, no es nuestro aliado; todo lo contrario.
Defensora de derechos humanos