Se ha escrito hasta la saciedad sobre la necesidad de transformar el Sistema de Justicia Penal en nuestro país. Ante la insistencia imparable de académicos, sociedad civil -México SOS como protagonista dentro de las organizaciones sociales- y algunos operadores comprometidos, en 2008 se abrió una nueva esperanza para llevar a cabo lo que tanto reclama y exige la sociedad mexicana en materia de justicia.
Ocho años se dio como plazo para que, en los tres órdenes de gobierno y en cada una de las entidades federativas, se concretaran los cambios que permitieran gozar de una verdadera justicia, pronta, expedita, transparente y en donde las víctimas tomen un papel relevante.
A 7 años de que concluyó el plazo para su operación, nos encontramos en la penumbra de la parálisis, de la exclusión de este tema como prioridad para avanzar a un mejor estado de derecho y de justicia, con procesos estatales dispares y con un interés casi nulo por parte de la federación.
Lejos de encontrar y poner en marcha los mecanismos que cumplan lo pactado en 2008, han habido retrocesos en algunas áreas, como la prisión preventiva oficiosa, entre otras.
Cuatro puntos deben atenderse para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio:
La investigación sigue siendo en papel (las carpetas de investigación se tramitan igual que las averiguaciones previas) y sin integrar a la policía en el proceso. Una muestra de que la investigación y la obtención y resguardo de las pruebas no se está tomando en serio y como punto central -como en teoría exige el acusatorio- está en la ausencia de un sistema o programa efectivo de protección de testigos.
La autonomía de las fiscalias sólo se da en la teoría pues siguen dependiendo de los ejecutivos y sin transitar al nuevo sistema. La persecución de los delitos, iniciando por la apertura de las carpetas de investigación, el seguimiento de las mismas hasta la conclusión de los procesos, se ven empañados por intereses propios de los ejecutivos federal y estatales.
Las responsabilidades de servidores públicos del sistema de justicia como elemento clave de la impunidad. Es fundamental contar y poner en marcha los mecanismos que permitan la rendición de cuentas y transparencia en los procesos judiciales que siguen los funcionarios públicos. Ejemplos de intereses privados y casos de soborno y/o chantaje son exhibidos sin pudor alguno y no ha pasa absolutamente nada si no hay un interés político y/o económico detrás de éstos.
La falta de coordinación, comunicación y entendimiento entre todos los actores que forman la cadena justicia. Aún se vive una gran desconfianza entre ellos y en varios lugares, lejos de romper con estos esquemas negativos, los mantienen.
Prácticamente en todos los niveles de las estructuras gubernamentales responsables del sistema de justicia no se ha comprendido la indisolubilidad del binomio seguridad-justicia; rompiendo, de manera inicial, un proceso exitoso para la justicia penal.
Por otra parte, aunque el andamiaje jurídico (perfectible, sin duda) fue implementado para arrancar la parte procedimental, la falta de voluntad política de los responsables de activar cada una de las piezas necesarias para que éste funcione, ha producido el letargo, desinterés y retrocesos que afectan a la ciudadanía completa.
Pese a este panorama, existen ejemplos de éxito (como el programa COSMOS, de Querétaro y el Centro Regional de Identificación Humana, de Coahuila) que deben considerarse como buenas prácticas para replicarse a nivel estatal y/o federal.
Si no corregimos a tiempo, podemos entrar en un espiral de nuevas leyes y prácticas anteriores que nos situarían en el peor de los mundos. De nueva cuenta nos toca a los ciudadanos empujar y colaborar para que las cosas sucedan, ejemplos como los anteriores -y otros-, son guía para reactivar su consolidación, nos toca a nosotros, de nosotros depende.
