Tamaulipas vive una situación de profundos contrastes, en materia de seguridad, pues mientras que en junio pasado la vocería de seguridad estatal dio a conocer que 37 de los 43 municipios tamaulipecos han tenido una baja sostenida en materia de inicidencia delictiva, que se extiende de 2018 a abril de 2023; colocando al estado en el lugar 22 del ranking nacional de las entidades con la menor percepción de inseguridad; por otro lado, durante el último año y medio los municipios fronterizos de San Fernando, Matamoros, Río Bravo, Nuevo Laredo y Reynosa, han visto recrudecer el embate de los grupos del crimen organizado.
Espiral de violencia que viene aparejada de tiroteos, persecuciones, narco bloqueos en las principales avenidas de dichos municipios, desaparición y asesinato de personas y un incremento de enfrentamientos entre células de grupos rivales del crimen organizado y de éstas con las fuerzas de seguridad.
Para nadie es desconocido que la violencia criminal que ha sufrido Tamaulipas a lo largo de los últimos tres lustros ha sido elevada, hasta llegar a acumular, entre 2007 y 2022, el 45% de los 5 mil 593 enfrentamientos que se suscitaron a nivel nacional entre militares y civiles agresores de las fuerzas del orden, de acuerdo con datos procesados y difundidos por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
A pesar de ello, se destaca la importante labor realizada por la sociedad tamaulipeca, entre la que se encuentran las seis Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia (MCSJ) que operan en el estado, el Observatorio y Consejo Ciudadanos, organizaciones empresariales y de DDHH, entre otras. Desde 2015 las MCSJ de Tamaulipas han desplegado un esfuerzo sostenido para contener y revertir los efectos de la violencia e inseguridad en sus ciudades, municipios y regiones.
La organización ciudadana, la coordinación, acuerdos y corresponsabilidad compartida con el gobierno, es lo que ha hecho posible contar con resultados positivos en el combate a la inseguridad y la actividad delictiva dentro del estado. Situación que despierta la esperanza y hace suponer a los habitantes y organizaciones ciudadanas de la zona fronteriza que se pueden lograr restablecer las condiciones de seguridad y paz que la delincuencia les ha arrebatado.
Ante el incremento de enfrentamientos entre células de la delincuencia organizada y al amparo de las experiencias antes referidas, en días pasados la MCSJ de Reynosa solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno el reestablecimiento del mando mixto de las corporaciones de seguridad, bajo la dirección y responsabilidad de una sola fuerza de seguridad, para coordinar la estrategia contra la violencia e inseguridad que se aplica en la región norte del estado.
Conviene resaltar que hace tres meses, durante las sesiones plenarias de la MCSJ de Reynosa, se realizó por primera vez dicha petición, al igual que el restaurar los puntos estratégicos de control y vigilancia en áreas conflictivas del municipio. Esta última demanda ya fue atendida y es coordinada por la vocería de Seguridad Tamaulipeca.
No obstante, la instauración del mando mixto sigue pendiente; por ello, importa insistir que la solicitud se realiza atendiendo el éxito de experiencias pasadas, pues en 2013 y 2014 ya fue aplicado dicho modelo, a cargo de la SEDENA y la SEMAR, con resultados favorables.
A la luz de las experiencias de los últimos nueve años, que permitieron al estado transitar de una crisis de inseguridad generalizada a convertirse en uno de los estados más seguros del país, con impacto positivo en su vida económica y productiva derivada de los avances en materia de seguridad, es que México SOS y la Coordinación Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia se unen a la MCSJ de Reynosa a fin de demandar que se atienda su solicitud.
Estamos convencidos que la paz y seguridad de los reynosenses, como la de los tamaulipecos todos, bien vale un mando mixto.
