Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.
Voltaire
Es sangrientamente paradójico que en un proceso electivo, cuya génesis se sustenta en la acción pacífica y sufragista de los ciudadanos, el país esté envuelto en actos de violencia contra candidatos y sus partidos. Los datos disponibles indican que desde septiembre de 2020, inicio del proceso electoral, hasta el pasado 30 de abril de 2021 suman 443 víctimas, de las cuales 143 perdieron la vida. Y en los primeros días de mayo fueron 11 ataques armados con distintos efectos.
En comparación con las elecciones de 2018, hay un incremento del 68.34% de actos violentos en contra de candidatos. Claro, se dirá que en estos comicios están en disputa un mayor número de posiciones. En cualquier caso, de ninguna manera se puede ver rutinariamente o normalizada la violencia que se vive en distintos puntos del país.
Ahora bien, buceando en los datos, habría que destacar que la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios con menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de elementos de seguridad. La geografía de la violencia indica que han sido los estados de Veracruz, Jalisco y Oaxaca, donde más candidatos fueron asesinados; aunque Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Chiapas, entre otros, han vivido episodios sangrientos; Acapulco va a la cabeza de los municipios con ya cuatro atentados. En tanto, las diversas autoridades son incapaces de contener esta ola de ataques, y no sólo eso, sino que la impunidad es el sello distintivo de la agresiva temporada.
Lo que está claro es que este baño de sangre tiene como promotores a integrantes de la delincuencia organizada que buscan imponer condiciones para seguir ejerciendo su dominio y negocios. Este hecho confirma, con absoluta claridad, la ineptitud o complicidad del gobierno federal para combatir en serio a los carteles del narcotráfico, que actúan con libertad para realizar ataques a los candidatos “incómodos” a sus intereses.
Bajo este contexto, la promesa de protección de la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, fue un penoso desplante demagógico, una perorata vacía. En efecto, la expresión de la violencia en esta coyuntura tiene múltiples problemas históricos/estructurales. Los gobiernos anteriores y éste han sido incapaces de construir una propuesta alternativa, más allá de respuestas militaristas o meramente penales; sin olvidar, que hoy vivimos el incremento del control y dominio de más zonas del país por parte de diversos grupos delincuenciales, lo que significa menos libertades y más terror y horror. El repetido fracaso de AMLO en el rubro de la inseguridad es evidente y se exhibe con nitidez.
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