/ jueves 7 de diciembre de 2017

Entre militares y demagogos

1. Las fuerzas castrenses no llegan, porque no se han ido. Desde que Felipe Calderón “descubrió” que los militares podían contener al narcotráfico, las fuerzas castrenses actúan a toda hora y a largo del territorio nacional. Lo hacen encubiertos en una añeja resolución de la corte que permitía su incursión “a petición de los gobwiernos locales”. Y así ha sido. Los estados solicitan ayuda del gobierno federal, a través de la secwretaria de gobernación y, ésta facilita la presencia militar. De esa manera, se viola la constitución (Artículos 29 y129) y se evade la petición que tendría que hacer el presidente al Congreso de la Unión, para movilizar al ejército en tiempos de paz y en última instancia suspender garantías, lo cual suele sucede en la práctica en varias entidades.

Así, que, la nueva Ley de Seguridad Interior no militariza al país, puesto que ya lo está, su función será darle una cobertura legal a la intervención militar e incluso con funciones excesivas, discrecionales y monopolizadas por la decisión unipersonal del titular del ejecutivo federal, como se muestra en algunos artículos de dicha ley.

Tengamos presente que desde el sexenio de Calderón el promedio de militares movilizados fue de 49 mil 650 efectivos; en la administración peñista ha tenido el siguiente comportamiento: 36 mil 636, en 2014; 37 mil 142, en 2015; y, 51 mil 307, en 2017(Reforma. 1/12/17 p.8). Queda claro que el país ya ha vivido la militarización y que su presencia no ha logrado disminuir la violencia. Lejos de ello se ha incrementado, como lo ejemplificaremos más adelante.

2. ¿Y los policías? El discurso recurrente y repetitivo que se ha usado para tratar de justificar la presencia castrense radica en la ausencia de policías capacitados. Ahora bien, esto no es del todo cierto, al menos desde la medición presupuestal. Veamos: los estados llevan 18 años recibiendo recursos para la seguridad y, los municipios más violentos cuentan con financiamiento desde hace nueve.

En 1999, desde la creación de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (FASP) se han entregado a los estados 112 mil 234 millones de pesos para la profesionalización, equipamiento y modernización tecnológica y de infraestructura de seguridad pública en las entidades (Milenio 3/12/17 p. 20).

Nueve años después, a esos recursos se sumaron los fondos para los municipios con mayor incidencia de criminalidad, que suma, desde 2008, 64 mil 170 millones de pesos para crear un nuevo Modelo Policial, el cual fue llamado el sexenio pasado Subsemun y actualmente renombrado Fortaseg, todo esto junto a los operativos del ejército en labores de seguridad pública, ante el alza de los delitos (Ídem).

Y por si faltara algo en estas cifras millonarias, el Presupuesto de Egresos para el año entrante (2018) señala que habrá otros 12 mil millones para estos rubros, 5 mil para repartir entre los 300 municipios con más delitos y 7 mil para los estados, lo que sumará 188 mil 404 millones para fortalecer a las instituciones locales de seguridad. (Ídem)

Conclusión inicial. Queda claro que no es mediante la intervención militar como se resolverá el fenómeno del narcotráfico, las cifras lo corroboran (véase el artículo de Laura Atuesta en https://www.nexos.com.mx/?p=31552) y al mismo tiempo, es evidente, que las toneladas de recursos destinadas a las policías locales se han ido a la coladera de la corrupción y de ineptitud. Por lo tanto, su nueva ley sólo tiene explicaciones políticas de control social y electoral. No más.

1. Las fuerzas castrenses no llegan, porque no se han ido. Desde que Felipe Calderón “descubrió” que los militares podían contener al narcotráfico, las fuerzas castrenses actúan a toda hora y a largo del territorio nacional. Lo hacen encubiertos en una añeja resolución de la corte que permitía su incursión “a petición de los gobwiernos locales”. Y así ha sido. Los estados solicitan ayuda del gobierno federal, a través de la secwretaria de gobernación y, ésta facilita la presencia militar. De esa manera, se viola la constitución (Artículos 29 y129) y se evade la petición que tendría que hacer el presidente al Congreso de la Unión, para movilizar al ejército en tiempos de paz y en última instancia suspender garantías, lo cual suele sucede en la práctica en varias entidades.

Así, que, la nueva Ley de Seguridad Interior no militariza al país, puesto que ya lo está, su función será darle una cobertura legal a la intervención militar e incluso con funciones excesivas, discrecionales y monopolizadas por la decisión unipersonal del titular del ejecutivo federal, como se muestra en algunos artículos de dicha ley.

Tengamos presente que desde el sexenio de Calderón el promedio de militares movilizados fue de 49 mil 650 efectivos; en la administración peñista ha tenido el siguiente comportamiento: 36 mil 636, en 2014; 37 mil 142, en 2015; y, 51 mil 307, en 2017(Reforma. 1/12/17 p.8). Queda claro que el país ya ha vivido la militarización y que su presencia no ha logrado disminuir la violencia. Lejos de ello se ha incrementado, como lo ejemplificaremos más adelante.

2. ¿Y los policías? El discurso recurrente y repetitivo que se ha usado para tratar de justificar la presencia castrense radica en la ausencia de policías capacitados. Ahora bien, esto no es del todo cierto, al menos desde la medición presupuestal. Veamos: los estados llevan 18 años recibiendo recursos para la seguridad y, los municipios más violentos cuentan con financiamiento desde hace nueve.

En 1999, desde la creación de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (FASP) se han entregado a los estados 112 mil 234 millones de pesos para la profesionalización, equipamiento y modernización tecnológica y de infraestructura de seguridad pública en las entidades (Milenio 3/12/17 p. 20).

Nueve años después, a esos recursos se sumaron los fondos para los municipios con mayor incidencia de criminalidad, que suma, desde 2008, 64 mil 170 millones de pesos para crear un nuevo Modelo Policial, el cual fue llamado el sexenio pasado Subsemun y actualmente renombrado Fortaseg, todo esto junto a los operativos del ejército en labores de seguridad pública, ante el alza de los delitos (Ídem).

Y por si faltara algo en estas cifras millonarias, el Presupuesto de Egresos para el año entrante (2018) señala que habrá otros 12 mil millones para estos rubros, 5 mil para repartir entre los 300 municipios con más delitos y 7 mil para los estados, lo que sumará 188 mil 404 millones para fortalecer a las instituciones locales de seguridad. (Ídem)

Conclusión inicial. Queda claro que no es mediante la intervención militar como se resolverá el fenómeno del narcotráfico, las cifras lo corroboran (véase el artículo de Laura Atuesta en https://www.nexos.com.mx/?p=31552) y al mismo tiempo, es evidente, que las toneladas de recursos destinadas a las policías locales se han ido a la coladera de la corrupción y de ineptitud. Por lo tanto, su nueva ley sólo tiene explicaciones políticas de control social y electoral. No más.

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