Hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto fiscal para el 2022, mismo que ya viene preetiquetado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2020 se estableció el “Comité de Finanzas Sostenibles”, con la meta de establecer un diálogo permanente entre el sector público y el sector privado, junto con los organismos financieros bilaterales y multilaterales.
Así mismo, y en temas de política pública ambiental, la discusión se centra en los términos de la preparación de la Conferencia de las Partes 26 (COP), que se realizará en noviembre, en Glasgow. En este marco, en México se cuenta con el “Comité Intersecretarial de Cambio Climático”, en el que, además de las medidas de adaptación y mitigación propuestas, se revisan las fuentes de financiamiento para apoyar las acciones seleccionadas. En otras palabras, la planeación hacendaria incluye los recursos para el financiamiento sostenible, que es el paraguas para inversiones relacionadas con la agenda ambiental nacional; es ahí donde se encuentra una nueva figura de financiamiento climático.
La SHCP también es el punto focal para obtener los recursos que se gestionan con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) y el Fondo Climático Mundial (GCF por sus siglas en inglés);y en ambos casos, las inversiones están orientadas a la descarbonización de los diferentes sectores.
La Bolsa Mexicana de Valores también juega un papel importante en el marco del cambio climático, dado que, a su vez, impulsa al sector privado para avanzar en los procesos hacia la neutralidad.
Esto demuestra que sí hay incentivos, además de obligaciones, para que el sector privado también impulse la transición, y que existan recursos privados en dicho tránsito y no esté la apuesta únicamente en el sector público. Al revisar los datos financieros globales, vemos que si bien las bolsas son grandes, (por ejemplo, se estima que el año pasado se emplearon 2 mil millones de dólares en actividades de cambio climático), entre el 30 y 40% de estos recursos se queda en Estados Unidos; por lo tanto, lo que realmente se invierte en México y América Latina es menor en proporción a lo que se destina a nivel de la comunidad internacional.
En ese sentido, los países desarrollados tienen una deuda ecológica con los países en vías de desarrollo, que debe ser calculada periódicamente. Nuevamente vemos que el sector privado también debe de apoyar la transición energética, ya que del financiamiento depende la implementación; lo anterior queda estipulado en el artículo 2 del Acuerdo de París.
El último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático ya alertó a la comunidad internacional en torno a que las contribuciones nacionalmente determinadas, no son suficientes para alcanzar la estabilización climática y efectivamente alcanzar la reducción de emisiones para 2030, y no tener un incremento del 1.5 grados centígrados en la temperatura. Todo esto que parece tan sencillo, implica toda una reingeniería de proyectos viables, y de diversificación de las fuentes de financiamiento para poder cubrir dichos gastos; hay que estar atentos a que no es solo cuestión de financiar por financiar, sino que los proyectos sí deben de cumplir con la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones.
Esta nueva realidad implica ir acortando la brecha de financiamiento entre el sector público y el sector privado.
La emergencia climática nos obliga a replantear la organización entre los sectores, así como entre el sector público y el privado. Es el momento de la acción y la corresponsabilidad es clave para alcanzar las metas de la comunidad internacional, para garantizar que no estemos comprometiendo a las generaciones futuras.
