La integridad electoral supone que todo proceso electivo debe ser auténtico. No deben existir ventajas indebidas entre actores políticos que alteren la voluntad de la ciudadanía en sus preferencias y al momento de ejercer su voto. También implica que las autoridades que tengan funciones directa o indirectamente relacionadas con los procesos democráticos deben cumplir con sus atribuciones.
El correcto uso del dinero durante los procesos electorales por parte de los actores políticos es fundamental para la legitimidad del proceso electoral y sus resultados. La experiencia de los últimos procesos electorales, tanto locales como federales, ha incrementado la importancia que tiene la transparencia no solo en su ejercicio, sino también en su revisión por parte del INE.
De manera ordinaria, durante los procesos electorales el INE desarrolla un trabajo permanente para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del dinero de los actores políticos. Seamos claros: La ciudadanía tiene un interés legítimo sobre cómo se ejercieron recursos durante las precampañas y en las campañas.
En ese sentido, para la etapa de precampaña que acaba de concluir, el INE determinó un tope de gastos que corresponde a un monto de casi 86 millones de pesos. En materia de fiscalización, la principal obligación que tienen los actores políticos es reportar sus actividades y cuando concluye la etapa electoral, tienen el deber de presentar un informe de ingresos y gastos.
En el caso de las precampañas, la legislación es clara al determinar que en caso de que alguna precandidatura no presente el referido informe, la consecuencia será la negativa de registro a una candidatura o la pérdida del mismo. Misma consecuencia aplica en caso de que se rebase el señalado monto.
En ese trabajo permanente que se ha señalado, el INE realizó verificaciones e inspecciones en campo con el propósito de obtener la mayor cantidad de evidencia para que, una vez presentados los informes pueda comprobar la veracidad de lo reportado por cada una de las y los precandidatos. De hecho, desde que iniciaron las precampañas el INE ejerció sus atribuciones de auditoría a través del monitoreo de anuncios espectaculares, de propaganda en medios de comunicación impresos (periódicos y revistas) y en sitios de internet.
Hoy sabemos que las precandidaturas reportaron las siguientes cantidades: Xóchitl Gálvez reportó gastos superiores a 62 millones de pesos, Claudia Sheinbaum Pardo casi 39 millones de pesos y Jorge Álvarez Máynez reportó más de 2 millones de pesos. ¿Dichas cifras deben tomarse como ciertas y definitivas? Definitivamente no, pues ésta cantidad debe estar confrontada con lo que el INE detectó.
Además, la autoridad electoral verifica que las operaciones estén bancarizadas. También analiza que las y el precandidato hayan cumplido con la obligación de rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, provenientes de los Poderes federales o locales (Ejecutivo, Legislativo o Judicial), dependencias de la administración pública, iglesias o ministros de culto, sindicatos, organizaciones civiles o mercantiles. Incluso de personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, así como de personas no identificadas.
Dado que el objetivo de la fiscalización es garantizar una debida rendición de cuentas en el ejercicio de recursos, así como la equidad de las contiendas electorales (no ventajas indebidas de ningún actor político), la autoridad electoral realiza investigaciones exhaustivas y se allega de todos los elementos posibles para determinar si lo reportado está apegado a las reglas en la materia. Ahí es cuando se ha presentado un problema que debe atenderse de inmediato.
El INE ha señalado que algunas autoridades, como es la UIF, SAT, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han sido omisas en la entrega de información, las cuales son necesarias para la debida investigación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. A manera de ejemplo, desde 2023 se realizaron 69 peticiones de información a la UIF y solo desahogó 8. En 2024, de 5 no ha atendido ninguna.
No debe quedar duda que el INE verificará que el dinero utilizado en la búsqueda del voto tenga un origen y un uso apegado a las normas La fiscalización y sus conclusiones deben ser exhaustivas e integrales. Sin la debida colaboración de otras autoridades con la electoral, dichas condiciones no podrán ser alcanzadas.
Generar condiciones para que tengamos una elección libre son exigencias colectivas y por ello éstas deben ser producto del trabajo de todas y todos. La integridad electoral así lo exige. Si ello no ocurre, la integridad electoral solo será una aspiración y no una realidad. Tiempo al tiempo.
*Maestro en democracia y derechos humanos.
