@ebuendiaz
Estamos en temporada de ocurrencias peligrosas. El hecho que actualmente esté en desarrollo el proceso electoral ha afianzado el desmedido e inconstitucional actuar del titular del Poder Ejecutivo de seguir interviniendo en éste de manera directa o indirecta. Ejemplo de ello es que a inicios de este mes decidió presentar 18 propuestas de reformas constitucionales que, por su contenido, algunas de ellas son polémicas y ello permitirá seguir haciendo pronunciamientos públicos a favor o en contra de las fuerzas políticas en los siguientes meses, justo cuando esté en desarrollo la campaña electoral.
Dentro de dichas propuestas de reforma constitucionales destacan 2 que son fundamentales para el desarrollo de nuestra democracia y a la impartición de justicia. Una es la propuesta de reforma electoral, donde nuevamente el gobierno pretende eliminar diputaciones y senadurías que son electas por el principio de representación proporcional y con ello afectar la representación de minorías. También busca reducir a la mitad el financiamiento público que reciben los partidos políticos y con ello sofocar financieramente a las fuerzas políticas minoritarias.
Por otra parte, busca desaparecer otra vez al Instituto Nacional Electoral, reducir el número de sus integrantes de las autoridades electorales y que éstos sean electos por voto popular.
Por lo que hace a la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF) el presidente de la República pretende que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular. Quiere desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina en el PJF y busca crear dos órganos: uno administrativo y otro de disciplina judicial. En otras palabras, las mismas funciones que el Consejo.
También busca reducir a 9 (actualmente son 11) el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el periodo por el cual han sido designados. Hoy duran en el encargo 15 años, pero la propuesta pretende establecer la duración a 8, 12 y 14 años, de acuerdo a la votación que obtengan.
Dado que hay mucha molestia contra las decisiones de la SCJN, la propuesta de reforma busca modificar su funcionamiento interno al desaparecer las dos Salas en la que divide su trabajo. Actualmente cada Sala se integra por 5 ministras y ministros. La primera Sala resuelve asuntos en materia civil y penal. La segunda Sala conoce de asuntos administrativos y laborales. Ahora se busca que el pleno del máximo órgano de justicia resuelva la totalidad de los asuntos.
Las propuestas de reformas en estas dos materias no son resultado de diagnósticos objetivos. De hecho, son producto de una constante molestia por no poder tener control de instituciones que actúan apegados a lo establecido en la Constitución y las leyes.
De hecho, es tanto el enojo que generan las determinaciones de la SCJN que el propio titular del Ejecutivo, días después de haber presentado las reformas constitucionales, particularmente sobre la del Poder Judicial, sostuvo: “El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo…”
Seamos claros: A sabiendas que no cuenta actualmente con el apoyo legislativo suficiente para aprobar las propuestas de reformas constitucionales, el presidente ha decidido presentarlas para seguir opinando e interviniendo en el proceso electoral. De hecho, ha señalado que la próxima elección es fundamental, pues es necesario contar con mayoría calificada en el Congreso, esto es, dos terceras partes de la votación en Diputaciones y en Senadurías para que las reformas que ha presentado lleguen a buen puerto.
No cabe duda que la intervención de servidores públicos en el proceso electoral federal es inconstitucional. Desde hace 17 años se encuentra prohibido en nuestro máximo ordenamiento del país y ello, en gran medida, se debió a los reclamos que el hoy presidente de la República formulaba cuando fue candidato perdedor en la elección de 2006. No es lo mismo ser vencido que vencedor, porque cuando perdió, no quería intervención de funcionarios, ahora que es funcionario público, es cómodo. Las propuestas de reforma son un gran pretexto para darle la vuelta a esa prohibición y eso es preocupante. También nos debe poner alertas a todas y todos los ciudadanos, pues estas ocurrencias son peligrosas al entrañar regresiones autoritarias.
*Maestro en derechos humanos y democracia.
