Antes de la elección del 18, algunas organizaciones defensoras de DH de la sociedad civil exigían que México era urgente asumiera compromisos concretos para lograr una justicia transicional, que fuese la pauta para la reconstrucción nacional a partir de reconocer por parte del Estado, los crímenes derivados de las graves violaciones a los derechos humanos, justicia, reparación, y compromisos de no repetición. Sólo así se podría avanzar hacia la paz, con justicia y resiliencia.
El Dr. Juan E. Méndez, Relator contra la Tortura de Naciones Unidas en su visita en 2014, dijo que en México observaba una violencia generalizada; bastaba escuchar a quienes habían sufrido pérdida de familiares, su patrimonio y la estabilidad de sus vidas para constatarlo. Pero las cifras de homicidios dolosos, de feminicidio, de asesinato a periodistas, delitos como cobro de piso, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzoso, ejecuciones arbitrarias siguen a la alza; y si además le agregamos cómo la delincuencia organizada anda pavoneándose decidiendo elecciones y gobernantes, no hay duda esa situación que conoció Méndez, hoy ha empeorado.
Recordar estos antecedentes es necesario para entender porqué se pensaba que ante esta desgracia, era necesario en el 18, un cambio de timón donde se reconociese el desastre, y se pactase una transición con compromisos integrales e interdependientes entre si, por parte del Estado y las organizaciones; sin embargo el nuevo gobierno determinó como táctica, culpar permanentemente a los gobiernos anteriores del desastre, y nunca se comprometió con instaurar el proceso de justicia transicional, ni tampoco hubo ninguna comisión de la verdad, a pesar de que López Obrador se comprometió a concretarlas al llegar a la presidencia.
Escurridizo como siempre respecto a la materia de derechos humanos, pretendió sacarse del compromiso, llevando el tema a una Consulta Popular: “estás de acuerdo en aplicar la ley contra los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña”, fue la pregunta inicial, que como sabemos la SCJN corrigió quitando los nombres y redactando una pregunta leguleya. Con más del 7% del padrón, aunque no haya cumplido con el 40% indispensable para que su resultado fuese vinculante, el Presidente, tres años después, dice que el SI mayoritario de la Consulta es suficiente -ahora sí- para integrar una Comisión de la Verdad.
Yo no me voy con la finta de que cumplirá, como tampoco le creí durante la campaña. Basta un botón de muestra: derogó el fondo del mecanismo de protección de defensores/ras de derechos humanos y Periodistas. No cumplió al asumir el cargo, tampoco hoy les cumplirá con esa Comisión de la Verdad. Y si la integra se convertirá en una distracción el resto del sexenio.
El presidente sigue actuando igual que sus antecesores, y peor: ha militarizando el país y es más autoritario. Hoy le ordena a la guardia nacional “vigilar” la venta de gas doméstico, mañana el Comandante en Jefe puede ordenarle cualquier otra cosa.
La agenda de violaciones a los derechos humanos se ha engrosado con la grave afectación a la salud, empleo, medio ambiente y libertad de expresión. Pero AMLO no lo reconocerá porque él “tiene otros datos”, y ese será un real impedimento para pactar una justicia transicional. Será indispensable para rescatar al país de la catástrofe lopezobradorista, replantarlo hacia el 24.
