El fenómeno de la corrupción se expande cuando se fragmenta el Estado de Derecho. La impunidad amenaza el bienestar de los pueblos, carcome el tejido social y las instituciones se debilitan. Los gobiernos anteriores de nuestro país, ignoraron o peor aún, simularon acabar con este mal.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción y el 31 de octubre de 2003, aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, cuya finalidad consiste en promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción; facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica; así como la obligatoriedad a la rendición de cuentas y la debida gestión de bienes y asuntos públicos.
“Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones (…) es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York el pasado 9 de noviembre.
Los ciudadanos gastaron 12 mil 770 millones de pesos en sobornos a través de trámites, pagos y solicitudes de servicios, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Inegi. El fenómeno de la corrupción cuesta entre 5 y 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.
Al tratarse de un problema complejo, se debe abordar desde diferentes espacios partiendo de legislaciones que establezcan mecanismos y políticas donde se fomente un cambio de conciencia cívica. El pasado 14 de octubre propuse reformar el artículo 73 y adicionar un último párrafo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objetivo es que los servidores públicos tienen el deber de denunciar los actos de corrupción y garantizar su protección ante posibles represalias de quienes cometen algún ilícito. De aprobarse la iniciativa, se brindaría un marco de referencia y actuación para desarrollar una política que sea clave para erradicar la corrupción desde las esferas del poder.
Como lo planea la ONU, la corrupción socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Desde cualquier sector, nuestra obligación es atacar esta plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para nuestra sociedad.
