Por Eduardo Almaguer Ureña
En Jalisco, nuestros gobernantes y funcionarios locales, sistemáticamente nos repiten que la estrategia en materia de seguridad está funcionando y que, prueba de ello, son las estadísticas donde nos muestran cómo han podido reducir la incidencia delictiva. Sin embargo, y lo más lamentable de esta situación, no es lo debatible de los datos que nos presentan; sino que, este mensaje sistemático de que “todo está bien” es un elemento recurrente para no reconocer la verdadera crisis de inseguridad en nuestro estado y tomar las acciones suficientes que puedan respondan a ello.
Y es que, por ejemplo, Jalisco registra casi 15 mil desaparecidos, que lo posicionan en el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; registra también, 143 fosas clandestinas encontradas de 2018 a agosto de 2023 con restos de casi 1,700 personas, de acuerdo al informe de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde además, el municipio de Tlajomulco se posiciona como el primer lugar en la entidad y se le ha otorgado el nombre, por algunos colectivos, como “La fosa clandestina más grande de México”; asimismo, se observan más de 9 mil registros de restos humanos sin identificar, donde casi la mitad de estos han ocurrido en los últimos dos años, de acuerdo al registro de CEPAD AC y el Colectivo Por Amor a Ellxs; por último, se observan 165 funcionarios asesinados en la actual administración, de acuerdo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; así como, cuatro llamadas diarias por “levantones” en solo ocho meses, de acuerdo al “Escudo Urbano C5”.
Estos hechos y datos estadísticos no son producto de la casualidad, son las consecuencias de una serie de factores, entre los que destacan aquellos relacionados con una crisis social, donde podemos observar el rompimiento familiar, la violencia hacia las infancias, las comunidades abandonadas y las desigualdades sociales, entre otros.
Sin embargo, en lo inmediato, podemos observar otros factores, como lo son los relacionados a la crisis que ocurre en diversos ámbitos de la seguridad pública, en específico como aquellas referentes a la capacidad de las policías locales preventivas y las entidades encargadas de la procuración e impartición de justicia en el estado. Evidencia de esto, son los datos oficiales y de organizaciones civiles que observan que no contamos ni con un policía estatal por cada 100 mil habitantes (0.3 por cada 100 mil habitantes) de acuerdo al Censo de Seguridad Pública Estatal 2023; que somos el cuarto lugar a nivel nacional con más policías asesinados en lo que va del año, de acuerdo a datos de Causa en Común AC; que 20 corporaciones de la policía municipal han sido intervenidas, en un lapso de 10 años, por casos de vinculación con el crimen organizado, antecedentes penales, ordenes de aprehensión y consumo de drogas, de acuerdo a registros hemerográficos; que el 99.5% de los delitos quedan impunes y contamos con el número más bajo en el país, de jueces especializados en ejecución penal , de acuerdo al estudio de México Evalúa AC; que la infraestructura en Ciencias Forenses esta desarticulada y superada, de acuerdo a datos de CEPAD AC; y que somos considerados como la “capital del lavado de dinero” por algunas investigaciones elaboradas por la Guardia Nacional y que fueron filtradas en 2020.
Es por eso que afirmamos que los diferentes hechos que ocurren en Jalisco no son casualidades, sino causalidades de la grave crisis de inseguridad en el estado que muestran una clara relación de causa y efecto entre sí y que, además, retratan de manera muy completa una realidad nacional donde la autoridad, con sus “datos”, quieren convencernos de que su estrategia está funcionando, pero que la documentación de los casos de cientos de miles de víctimas, las familias que buscan a sus desaparecidos, las comunidades desplazadas, las infancias huérfanas por feminicidios, homicidios y desaparecidos, y los más de 30 mil jóvenes reclutados de manera forzada por el crimen organizado, de acuerdo a Aldeas Infantiles SOS; nos muestran la cruda consecuencia de un gobierno local y federal que no quiere ver ni reconocer las causas de esta lamentable problemática para, al parecer, no tener que involucrarse en serio y delegarle, cada vez más, la responsabilidad a las fuerzas armadas de nuestro país.
