Por René Gerez
El pasado 1 de diciembre María Amparo Casar y María Elena Morera, presidentas de las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común, publicaron una nueva edición del trabajo “Asalto a la Ley”. Este documento consiste en un registro de las ilegalidades cometidas por el gobierno federal desde su inicio, hace ya cinco años. Es una investigación que clasifica las violaciones a la ley en tres rubros: los derechos fundamentales, el orden democrático y la economía. Tan solo en este año se registraron 109 violaciones a los derechos fundamentales, 126 al orden democrático y 59 al marco económico.
Este registro que presentan las organizaciones da cuenta de una serie de actos y omisiones del Gobierno Federal que se alejan de la legalidad y evidencian como la presente administración ha consolidado como estrategia política el violar las disposiciones de los tratados internacionales, la Constitución y las leyes que de ella emanan con el objetivo de lograr su plan de gobierno. En este lustro el trabajo muestra cómo se han debilitado nuestras instituciones a través de decretos, acuerdos y reformas que pasan por encima de nuestro marco legal y que tienen como objetivo eliminar todo tipo de resistencia al poder.
Por un lado, la independencia de nuestro Poder Judicial se ha visto debilitada con las constantes intromisiones del Ejecutivo Federal. El presidente lanza amenazas públicas, solicita la investigación de jueces que resuelven en contra de sus intereses, ordena a funcionarios el desacato de sentencias judiciales y recorta su presupuesto en una campaña de desprestigio a los operadores del sistema judicial del país. Lograr la subordinación del Poder Judicial significa eliminar por completo el derecho de la ciudadanía a defenderse de actos autoritarios del gobierno y por ende a continuar pisoteando los derechos y libertades sin oposición alguna.
Por otro lado, se ha buscado mermar las capacidades de instituciones democráticas que garantizan nuestros derechos. La violencia ejercida por las Fuerzas Armadas, la paralización del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las reformas para deshabilitar al Instituto Nacional Electoral y una Comisión Nacional de Derechos Humanos cómplice son algunos ejemplos de la larga lista que presentan las organizaciones y que denotan cómo los ataques a nuestras garantías y derechos fundamentales son cada vez son más recurrentes y las posibilidades de defendernos cada vez menores.
El escenario que revela este trabajo nos lleva a concluir que México actualmente se encuentra en un proceso de erosión democrática debido a la alteración de su frágil Estado de derecho. El presidente se ha convertido en la única persona capaz de realizar una interpretación de las leyes. Cuando estas se interponen en su camino apela a su definición de “justicia” que únicamente él entiende. Si el obstáculo es mayor señala a los juzgadores como los culpables y bajo esa justificación desobedece las sentencias. Ha trazado por los últimos 5 años un camino que lo libere del sistema de pesos y contrapesos, que le permita actuar con total libertad sin oposiciones ni resistencias.
Ante este escenario, la denuncia es más importante que nunca. Nuestros derechos no son sugerencias y nuestra Constitución no es un libro de recomendaciones. Violarlos sistemáticamente no es un error, o una imprudencia o un exceso. Se trata de un cambio de régimen, un cambio que no transformará al país, sino que lo terminará de destruir. En vísperas de las contiendas electorales debemos subrayar el papel de la ciudadanía y exigir gobiernos que ayuden a edificar el país que todos merecemos. Ante este panorama creemos que, ahora sí, esta es la última llamada.
