Como en cada elección, hoy vemos todo tipo de diagnósticos, propuestas y promesas contra la inseguridad pública y la violencia del crimen, organizado e improvisado, que lleva años extendiéndose como un cáncer en el país. Sin embargo, el factor fundamental, como causa y foco de tratamiento, apenas es abordado. Es la impunidad, cuya mejor aliada ha sido la negligencia o falta de voluntad política y en la sociedad, como conjunto, para enfrentarla.
Mientras los delincuentes puedan seguir operando con niveles de impunidad cercanos al 99%, seguirán haciéndose fuertes. Robando en carreteras, traficando con drogas, armas y personas, extorsionando a negocios y a gobiernos, matándose entre sí y matando o desapareciendo a ciudadanos y autoridades.
Las candidatas a la Presidencia y las coaliciones partidistas deben exponer puntualmente qué piensan hacer para que el Estado mexicano cumpla con la función primordial de garantizar el imperio de la ley, como norma y no excepción, protegiendo a las personas.
El Compromiso por la Paz promovido por organizaciones de la sociedad civil, impulsado por la Compañía de Jesús, es un buen punto de partida. Sobre todo, porque, efectivamente, para avanzar, en México debemos ponernos de acuerdo en lo esencial, más allá de diferencias políticas.
Lamentablemente, una de las candidatas firmó el documento con “reservas”, calificando el diagnóstico de pesimista. Una condición fundamental para combatir un cáncer es reconocerlo. Si se le matiza o deforma, el tratamiento será ineficaz o incompleto. Lo primero que ha pasado en los países que han logrado superar situaciones de delincuencia explosiva, como en México, es reconocer la prioridad en su justa dimensión para enfrentarla en serio, con un acuerdo social y político esencial. Más allá de que estemos o no de acuerdo con los medios, eso ha ocurrido en El Salvador.
Lo contrario a lo que hemos visto en nuestro país a lo largo de tantos años: una “normalización” de lo que debe ser inaceptable: masacres, desapariciones de personas, territorios con los delincuentes cobrando derecho de piso, cifras de homicidios dolosos que superan la mortandad de guerras, siempre creciendo
De las propuestas del Compromiso por la Paz, varias deberían ser de aplicación urgente. Destacaría la construcción de estrategias para apoyar a los municipios más violentos con una coordinación Ejército, Guardia Nacional, policías locales, programas sociales efectivos, incluyendo a la sociedad civil. Mecanismos claros para fortalecer la institucionalidad local.
Se ha hecho un cambio tras otro en el ámbito federal sin avanzar contra el problema. En parte porque no hay continuidad, pero siempre descuidando lo local, siendo las autoridades municipales, cada vez más debilitadas, las más cercanas a la gente para protegerla, y con el conocimiento de primera mano de la problemática en cada caso.
Necesitamos una verdadera cruzada nacional para reformar, profesionalizar y fortalecer las policías municipales. Con arropamiento y apoyos federales y estatales, pero que pueda adaptarse a las condiciones y necesidades de cada municipio o región. Mecanismos de certificación policial robustos de sus policías; mejorar sus condiciones laborales con modelos de financiamiento sostenible; formar consejos municipales de seguridad con gobiernos y representación territorial y sectorial de la ciudadanía; construir, a partir de ello, estrategias locales, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Un Modelo Nacional de Policía para su desarrollo desde el ámbito local. Por ahí pasa la recuperación de la ley y el orden caso por caso, en paralelo a la desmilitarización paulatina de las funciones de seguridad. Buscando que la Guardia Nacional sea un cuerpo civil profesional coadyuvante, sobre todo en los municipios con más debilidad frente a los grupos criminales.
El documento plantea algo que es de sentido común, pero que no vemos priorizado en las campañas: realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la impunidad y su cifra negra en las fiscalías, focalizado por delitos, regiones y estados. Por ahí tendríamos que empezar, para trazar objetivos ambiciosos, pero realizables.
A partir de ello adquiere consistencia el énfasis en el documento en el desarrollo de mecanismos de justicia extraordinaria: contra la impunidad de atrocidades y un programa nacional con respaldo social y de todas las fuerzas políticas para priorizar la búsqueda de personas desaparecidas.
En los últimos años se ha atacado discursivamente al Poder Judicial, culpándolo de los niveles de impunidad, cuando la mayoría de los delitos, incluyendo los de alto impacto, ni siquiera se investigan a fondo y no llegan a los juzgados.
Ahí está el otro eslabón roto del Estado de derecho y la protección a la ciudadanía en México: un aparato de procuración de justicia rebasado. Más sujeto orientaciones políticas que a cumplir y rendir cuentas sobre su razón de ser y con llevar a la cárcel a quienes matan, desaparecen, roban, extorsionan, secuestran.
Efectivamente, hay que fortalecer el proceso de reforma a la justicia penal. Que no quede en discursos. Una política criminal nacional que marque la ruta para una década. Fortalecer la investigación del delito de manera integral, con nuevas tecnologías y mejores prácticas nacionales e internacionales. Una verdadera reforma de las fiscalías, federal y estatales: una robusta carrera profesional para ministerios públicos, policías ministeriales y peritos; un sistema de investigación renovado, y lo mismo en atención a víctimas.
Los mexicanos podemos superar este desafío, pero sólo si nos unimos en lo esencial, entendiendo que aquí no se trata de partidos e ideologías, sino de pasar de la negligencia política a una intolerancia social activa contra el actual estado de cosas.
Empresario
