Podemos analizar a detalle cada una de las iniciativas de reforma que estará promoviendo el Gobierno Federal actual en los siete meses que le quedan, pero es fundamental tener claro lo que representan, en esencia.
Lo mismo se plantean cambios en pensiones que en electricidad o salud, con una fuerte carga de oportunismo electoral y sin reparar en viabilidad y efectos colaterales. Sin embargo, el mayor peligro está en las iniciativas en materia política, porque si pasan, desde el poder político podría imponerse cualquier cosa después, sin contenciones.
En fondo y forma, ahí la intencionalidad es la concentración de poder, socavando la división de poderes y desfondando a órganos autónomos del Estado. Así, representa una regresión antidemocrática.
Estas iniciativas políticas implican una marcha en reversa a la transición democrática, consolidada en los años 90, hacia el sistema político mexicano previo, una democracia nominal, pero simulada, con una instancia con facultades metaconstitucionales, como la definía el jurista Jorge Carpizo. Ahora, con un enfoque populista, un peligroso empoderamiento de las Fuerzas Armadas y en un contexto muy distinto en términos sociales, políticos y económicos.
La Marcha Nacional por la Democracia del 18 de febrero debe mostrar el rechazo ciudadano a lo que implica el “Plan C”: una mayoría calificada en el Congreso para desfondar nuestra todavía joven democracia.
Tenemos que pensar en los efectos de desaparecer órganos autónomos como el INAI, la Cofece y el IFT. De debilitar al INE comprometiendo su independencia y capacidades como organizador y árbitro de los procesos electorales. De desfigurar al Poder Judicial, menoscabando su autonomía y facultades como garante del Estado de derecho, las garantías ciudadanas y el equilibrio de poderes del Estado y de la federación.
Se pretende reducir el número de diputados federales y senadores y eliminar la figura de los plurinominales, que precisamente se creó para lograr una representación ciudadana más apegada a la pluralidad política del país, ya que antes la presencia de legisladores de oposición era solo testimonial y las cámaras, como oficinas de partes.
La Guardia Nacional pasaría ya formalmente a la Secretaría de la Defensa. Esto desvirtúa la justificación de su intervención extraordinaria y temporal, de apoyo a las instituciones civiles, ante la crisis que hemos vivido en materia de delincuencia. Casi como una garantía para que siga posponiéndose la profesionalización en los cuerpos de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal, y las fiscalías federal y estatales.
La naturaleza y los fines del Ejército y la Marina son otros, en particular, la seguridad nacional y la intervención ante emergencias y desastres. Aparte, se les ha transferido responsabilidades, facultades y concesiones en obra pública, aduanas, puertos, aeropuertos, una aerolínea que hace vuelos con un solo pasajero, trenes. Todo ello agrava aún más el peligro de regresión antidemocrática.
Desaparecer a un órgano como el INAI para que sus funciones las hagan el Gobierno y sus funcionarios, implica que éstos pasen de ser sujetos obligados a jueces y parte sobre qué información pública puede ser conocida o negada, así como qué información privada será efectivamente privada. Derechos ciudadanos sujetos a discrecionalidad.
Además, si desaparecen estas instituciones autónomas, ¿cuánto tiempo seguirán siendo independientes otras, como el Banco de México o el Inegi? Ya la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda desaparecerla para crear una etérea defensoría del pueblo.
Se ha argumentado que se trata de eliminar un “gobierno paralelo”, cuando eso es parte del valor de los órganos autónomos: contrapeso a los poderes tradicionales del Estado y garantía de que decisiones claves en las áreas de jurisdicción de estas instituciones se tomen con criterios técnicos, no políticos y mucho menos partidistas.
Se busca que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos con voto popular, como políticos en campaña. Los candidatos serían propuestos por el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, con 10 nombres por cada poder. ¿Cómo evitar que tal sistema se partidice?
La Corte no podría determinar suspensiones generales en leyes impugnadas por controversias o amparos, así hayan sido aprobadas violentando los procesos legales o si contravienen principios constitucionales. Habría un Tribunal de Disciplina Judicial con la atribución de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra ministros, así como de imponer sanciones penales inatacables a jueces y magistrados.
En cuanto al INE, se plantea una fuerte reducción de áreas administrativas y personal, así como eliminar o reducir drásticamente el financiamiento a partidos, lo cual podría sonar bien, hasta que pensamos en cuál será la alternativa en la práctica. Por ejemplo, más dinero de poderes fácticos, incluyendo la delincuencia organizada, y desvío de recursos públicos.
Estamos ante una agenda de contrarreformas motivada por fines electorales, como en el caso de las pensiones, y de concentración del poder, velada con argumentos falaces, como acabar con la impunidad con la simplista solución de que “el pueblo” elija a los ministros de la Corte.
Se omite que la inmensa mayoría de los delitos cometidos contra la población nunca llegan ante un juez debido a la falta de denuncia o de investigación y presentación de cargos por parte de las fiscalías.
El que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales sean verdaderamente autónomas, efectivas, con competencia técnica, es fundamental para el Estado de derecho en México. Eso sí es necesario y urgente. En cambio, estas reformas de última hora son un riesgo para la democracia.
