Por Ricardo Gallegos*
Este año, el sector subnacional presentará retos importantes, quizás un poco menos demandantes que en otros periodos, donde la volatilidad, altas tasas de interés y la pandemia dictaron la agenda de la política pública en el sector; sin embargo, todavía hay mucho por hacer en un año en que las elecciones federales y de nueve estados de la república tendrán un efecto directo en el comportamiento del sector.
Hay varias líneas de análisis en torno a los retos del sector; el tema obvio es el de los ingresos. 2023 se vio beneficiado por la recuperación económica a nivel nacional, que esperamos en 2024 se mantenga; al ser un año electoral la expectativa es que se eroguen importantes cantidades de recursos públicos y esto tenga un efecto multiplicador a nivel nacional, particularmente en las regiones donde se están llevando a cabo los proyectos estratégicos del Gobierno federal.
El crecimiento regional se vio sesgado hacia el sur-sureste, principalmente, por estas inversiones, y el reto será ver cómo se traducen en un efecto sostenible —porque no podría entenderse de otra forma—, y si van a contribuir a que estos estados crezcan a mejores tasas y con mejores condiciones socioeconómicas, particularmente en los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Una oportunidad que otra vez se dejó pasar fue una verdadera discusión acerca del marco federalista y cómo redistribuir los recursos dentro de este marco. Se ve muy complicado que este tema sea abierto durante el último año de la administración y probablemente también dentro del siguiente periodo, porque algo que aparentemente gusta mucho es la concentración de las decisiones. Inclusive, a pesar de que se ha criticado prácticamente todas las reformas de las administraciones anteriores, no ha sido el caso de las reformas que sufrió el sector subnacional, que entre otros temas limitó la capacidad constitucional de la autodeterminación de endeudamiento.
Por el lado del gasto, los riesgos están en término del costo de oportunidad de lo que se ha dejado de hacer en los últimos años, y esto otra vez está relacionado con las decisiones de financiamiento y de inversión pública productiva que la mayor parte de las estados, salvo honrosas excepciones, han optado por no realizar: apostar a que la federación las hará o bien enfrentarse al costo político de solicitar endeudamiento.
Derivado del comentario del presidente acerca de la intención de proponer una reforma al sistema de pensiones, este es otro tema que a nivel sector casi siempre se ha dejado de lado. Prueba de lo anterior es que la mayor parte de los estados ya no tienen suficiencia actuarial y fondeo para el pago de las obligaciones de sus pensionados, por lo que se pagan con recursos presupuestales del año en curso, lo que provoca que este dinero ya no se utilice en otro tipo de destinos, como bien podría ser seguridad pública, salud, obra pública, etc. Al igual que a nivel federal, no sólo es un tema de buenas intenciones, sino de cómo se paga y fondea un fenómeno que aqueja a nivel global.
En lo general, para 2024, se ve un sector con factores de riesgo, sí, pero en términos generales más disminuidos que en los últimos periodos. Los subnacionales se verían beneficiados por una dinámica económica positiva a nivel nacional, que se vería reflejada en un relativo buen comportamiento en los ingresos federales; en este sentido, la volatilidad vendría más por todavía un costo financiero relativamente alto, gastos no previstos en temas de seguridad, pensiones o por impactos climatológicos, o factores de volatilidad en los ingresos por la reducción de los derechos de utilidad compartida (DUC) de Pemex, que eran ingresos que se contabilizaban para el cálculo de ingresos. Probablemente, las mayores presiones vendrán en 2025, una vez asumida la nueva administración, en donde se pensaría que no se tomaría el nivel de endeudamiento de este año y que la inyección de recursos sería menor en las entidades. Al tiempo.
*Director General Adjunto de Análisis Económico en HR Ratings
