En 2017 se reformó la Constitución federal para permitir que nuestros diputados y senadores emitieran leyes que regularan el funcionamiento de los distintos registros tu información. Ahora, en marzo de 2023, los diputados aprobaron una Ley General de Operación de los Registros Civiles. El propósito de esta nueva regulación es garantizar el derecho a la identidad de las personas y el registro de las diferentes situaciones jurídicas, como el estado civil o lugar de nacimiento. La alarma en esta nueva ley es que se crea una Base de Datos Nacional a cargo de la Secretaría de Gobernación que contendrá todos los datos personales de la población.
De aprobarse en los términos que los diputados la envían al Senado, se crearía un Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) administrado por la Secretaría de Gobernación. La información que alimenta este Sistema podría ser consultada y validada electrónicamente por entidades del sector público, sector privado y financiero. Al resultado de estas consultas se le confiere validez y pleno valor probatorio.
Los datos mínimos que deben tener los registros civiles respecto a nuestra identidad son: nombres, apellidos, sexo, género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP y Datos biométricos. Hasta aquí, la idea no suena mal. Concentrar esa información para evitar que una y otra, y otra vez, nos soliciten los mismos papeles para hacer un trámite con el propio gobierno que generó la información parece mejorar la eficiencia. El problema está en los detalles de la implementación de un Sistema Nacional que concentrará información personal a cargo de la Secretaría que no ha podido resolver en años, los problemas que presenta un simple registro como la CURP. Ahora ese Sistema arrastrará los errores de ese y otros registros locales.
La historia se repite. En 2021, cuando se aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) se alertó sobre el mal manejo de datos personales. Posteriormente, en 2022, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de este registro por afectar los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales. Ahora, la redacción actual de la Ley de Registros Civiles no contempla controles ni cuidados especiales para una Base Nacional que concentra datos personales y biométricos de las personas. Además, es cuestionable que sea la Secretaría de Gobernación Federal el ente que esté a cargo del Sistema y manejo de la Base.
En la resolución del caso del Panaut, la Corte reiteró que la autoridad con las atribuciones para proteger los datos personales en nuestro país es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Casualmente, la semana pasada, el presidente vetó el nombramiento de los dos nuevos comisionados que integrarían el Pleno del INAI. Ante esta situación, el Senado tendrá que nombrar a dos nuevos perfiles. El veto fue preocupante no porque el Ejecutivo Federal una vez más dificulte la operación de los organismos autónomos, sino porque a finales de mes, el INAI dejará de contar con los comisionados que se requieren para que pueda emitir sus resoluciones y actuar como garante del acceso a la información y protección de datos personales.
Veremos que sucede en el Senado con la Ley de los Registros Civiles. Lo que es seguro es que, de aprobarse sin modificaciones, se presentarán nuevamente casos ante el Poder Judicial por la vulneración a la protección de datos personales. No establecer controles ni medidas de seguridad para el manejo de una Base de Datos Nacional con información biométrica vulnera nuestros derechos. El Senado tiene la oportunidad de corregir las omisiones de los diputados, ojalá lo haga. A final de cuentas, todo el Estado es responsable de salvaguardar la integridad de las personas y sus datos personales.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
