Comenzamos el año, dejamos una larga lista de desapariciones forzadas que no podemos, ya no digamos detener, sino aminorar en los números. Hay que alertarnos sobre evitar que esta terrible situación y sus cifras se invisibilicen por la normalización de las cifras, tanto en personas desaparecidas, como en el cada vez más grande número de personas menores de 18 años de edad, incrementándose las niñas y las adolescentes. El descubrimiento de fosas clandestinas con restos humanos es realmente espeluznante y las autoridades involucradas en la búsqueda, investigación y sanción no nos están dando buena rendición de cuentas, conforme a la Ley.
En el marco de este desastre de violaciones graves a los derechos humanos, resulta gratificante que apenas hace 4 meses atrás finalmente el Senado de la República haya reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada cuyo fin es recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas, familiares o sus representantes, establecido en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las desapariciones forzadas. En las funciones de este Comité destaca que podrá examinar de manera urgente, toda petición presentada por los allegados una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como toda aquella persona que tengo un interés legítimo, a fin de que se busque y localiza una persona desaparecida.
Por eso no se entiende que la Fiscalía General de la República, que además forma parte del Sistema Nacional de Búsqueda, pretenda derogar los artículos 24 sobre la competencia para investigar la desaparición forzada, 45 fracción tercera para ya no formar parte del Sistema Nacional de Búsqueda, y el 68 sobre la coordinación entre las fiscalías y procuradurías para impulsar la búsqueda de personas desaparecidas, todos de la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Estas reformas de la FGR fueron presentada ante el Senado de la República.
Nuevamente observamos a la FGR presentando reformas que contravienen a la Constitución y a Tratados en materia de derechos humanos como lo es la Convención de Naciones Unidas arriba referida. Parecería hay una animadversión al garantismo y frente a los retos, es mejor volver al pasado.
Hoy se encuentran desaparecidas casi 80,000 personas. La construcción de la Ley General tuvo como característica haberse construido con las familias en parlamento abierto. De manera que es improcedente y una falta de respeto a todas ellas, que en vez de que se rinda cuentas sobre cómo se está aplicando la Ley y sus mecanismos, hoy se pretenda desaparecer responsabilidades. La Fiscalía es un organismo autónomo que debe darle certeza a la investigación de estos crímenes, sin embargo con estas reformas, en realidad pretende zafarse de las tareas legales que le determina la ley, entre otras, coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda que está en la jurisdicción de la Secretaría de Gobernación.
Finalmente, es necesario enfatizar que habiendo sido legitimada la Ley por las familias y colectivos de personas que buscan a sus seres queridos, elementalmente se debería abrir un debate sobre su pertinencia o no. Conviene recordar la consigna que delineó su diseño: Sin las familias, NO.
