Ya estamos en la antesala de que termine la Conferencia de las Partes (COP 26) de Cambio Climático el próximo 12 de noviembre. Se esperaba que esta reunión fuera más allá de un encuentro multilateral tradicional del sistema de Naciones Unidas. Para muchos, esta era la “última oportunidad” del planeta. Se percibía como la ocasión para materializar el proceso de concientización ante la crisis climática que vivimos a nivel mundial, especialmente frente el escenario catastrófico que planteó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, de evitar que la temperatura global aumente en 1.5oC por encima de la temperatura de la era preindustrial.
A la COP26 asistieron representaciones formales de más de 194 naciones. Se sumó un total de 40,000 participantes, con lo que la asistencia fue superior a la última COP celebrada en Madrid en diciembre del 2019. Esto significó una presencia de 22,000 delegados, 14,000 observadores y 4,000 periodistas. Lamentablemente, hubo también grandes ausencias, en su mayoría, representantes de los países en desarrollo, debido a las restricciones que impuso el país anfitrión al incluir a una serie de naciones en la denominada “lista roja”, lo que implicaba que tendrían que hacer cuarentena de 10 días por COVID-19. Para cuando el anfitrión decidió eliminar la restricción, el tiempo estaba encima. Estas limitaciones iniciales evitaron que se pudiera contar con una mejor representación de los países que presentan mayores vulnerabilidades en materia de Cambio Climático, y que cuentan, al mismo tiempo, con menores capacidades financieras para implementar medidas de adaptación, infraestructura y tecnología.
Para poder considerar exitosa la COP26, se requería que el compromiso de integrar una bolsa de 100,000 millones de dólares anuales, establecido desde el 2009 por parte de los países más ricos, pudiera cubrirse. Lo anterior, con la finalidad de apoyar a las naciones más pobres a fin de desarrollar los planes de implementación y disminuir sus vulnerabilidades, hacer a las sociedades más resilientes, así como garantizarles capacidad de llevar a cabo una transición adecuada al nuevo modelo de desarrollo. Este es el gran compromiso que aún mantiene a todos a la expectativa.
Otros temas a atender son el esquema de financiamiento y regulación en torno al mercado de los bonos de carbono, así como el compromiso de la comunidad internacional por integrar un modelo energético sostenible y generador de oportunidades para todos, es decir, la transición hacia una economía baja en carbono, la denominada “neutralidad cero” en emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, con ajustes clave para 2030, considerando como eje, la transición a los sistemas energéticos limpios.
La Unión Europea ha marcado su liderazgo al ser la primera economía que ha presentado un paquete de políticas para acompañar la transición de la descarbonización de la economía, a través de contribuciones nacionales determinadas.
El sector privado también deberá de asumir la meta de cero emisiones y algunas empresas trasnacionales, que acudieron a Glasgow, reconfirmaron sus compromisos de transición hacia prácticas más limpias de desarrollo más; el sector banquero que habrá de apegarse igualmente al Acuerdo de París.
Sí se ha logrado incrementar la conciencia sobre la urgencia de atender el tema del cambio climático , que deberá traducirse en un cambio de políticas de desarrollo al interior de los países; es en ese punto donde naciones como la nuestra, se ven urgidas en adaptar las políticas públicas a los compromisos internacionales e implementar planes de desarrollo económico afines, es decir, acelerar el Plan Energético Nacional, cambios regulatorios, estándares de eficiencia, ciencia y tecnología, por citar solo algunos de los puntos más urgentes.
EUA y el Reino Unidos ya manifestaron un nuevo y mayor compromiso de reducir emisiones para 2035, Corea en 35% para 2030 y Canadá por alcanzar la neutralidad cero en 2050. China, Rusia e India deben de acortar su fecha para cumplir con los compromisos de neutralidad.
No estamos cerca de donde deberíamos de estar. La mayoría de las naciones no han cumplido sus planes; 2015 era el punto de arranque y estamos ya a solo ocho años de alcanzar la fecha establecida como límite y todo parece indicar que la nueva fecha de descarbonización versará entre 2050 y 2070. Esto podrá llevarnos como comunidad internacional a que 85% de la población mundial sufra de afectaciones climáticas y haya un aumento explosivo de las migraciones provocadas por el incremento de desastres naturales.
La buena noticia es que las negociaciones internacionales continúan; existe cada vez mayor conciencia de aumentar los compromisos nacionales; los diferentes sectores (privado, financiero, público, etc) ya reconocen la urgencia de cumplir con los acuerdos para reducir los desastres; existe el compromiso de reducir emisiones de metano para el 2030, frenar la deforestación, aumentar el uso de tecnologías limpias y ayudar con los planes de adaptación.Estos son compromisos puntuales, y debemos de trabajar al interior de las naciones por ser más ambiciosos.
Faltan tres días para ver el resultado final de esta conferencia.
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