La construcción del aeropuerto en Santa Lucía continúa en vilo, ya que los juzgadores han aplazado la resolución de criterios que delineen el futuro del proyecto emblemático de este gobierno mientras revisan de fondo los más de 150 juicios de amparo interpuestos por el Colectivo #NoMásDerroches.
Por segunda ocasión, ayer el juez federal Juan Carlos Guzmán Rosas retrasó la audiencia para establecer si da o no la razón a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que impugnó la suspensión de la construcción del aeropuerto, justificando que frenarla pone en riesgo la seguridad nacional. De esta manera, el juzgador abrió un nuevo periodo para solicitar pruebas al gobierno federal de por qué sus aeropuertos, incluido el de Santa Lucía, son “instalaciones estratégicas”.
Además, la segunda sala de la Corte difirió para la otra semana el fallo sobre si se deben otorgar suspensiones o no en los juicios en contra de Santa Lucía, lo cual en automático se convertiría en un criterio máximo. Se prevé que este debate se reabra el próximo miércoles.
Las suspensiones provisionales y definitivas son medidas cautelares que sirven para ganar tiempo en los juicios de amparo que no tienen plazo para resolverse y a veces pueden prolongarse por años.
El vocero de #NoMásDerroches, Gerardo Carrasco, lamentó la presión que ha ejercido el Ejecutivo en contra de la suspensión de la obra, en lugar de preocuparse por entregar los estudios técnicos que le faltan para arrancarla de manera legal.
“Están aplazando porque todavía no tienen todas las pruebas en el expediente”, argumentó.
Y reprochó al Ejecutivo “la presión injustificada para echar para atrás todas las acciones legales y el abuso del argumento de la seguridad nacional, son una aberración para construir a como dé lugar un aeropuerto sin estudios”.
También lamentó que el gobierno federal esté más preocupado por defenderse de los amparos en lugar de enfocar sus esfuerzos en obtener los estudios mínimos necesarios para construir un aeropuerto civil comercial.
“Hace mucho esfuerzo en hacer las cosas mal en un auténtico fraude a la ley y desvío de poder. Se está abusando del derecho y declarando instalaciones estratégicas con el único fin de tirar las suspensiones ya otorgadas”, explicó Carrasco.