/ jueves 21 de julio de 2022

Reclamo de ecologistas por Tren Maya escala al T-MEC

Seis organizaciones civiles y 19 personas presentaron una petición ante la CCA, donde acusan a México de incurrir en omisiones en este proyecto

La inconformidad por el presunto incumplimiento de la legislación ambiental por parte del gobierno en el tramo 5 sur del Tren Maya ya escaló al T-MEC. Este jueves seis organizaciones civiles y 19 personas presentaron una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, en la que acusan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de incurrir en omisiones en la aplicación efectiva de las leyes en protección ecológica con las obras.

En la petición SEM-22-002 (Tren Maya), las organizaciones Moce Yax Cuxtal, A.C., Grupo Gema del Mayab, A.C., Jaguar Wild Center, A.C., Red de Capacitadores Socio Ambientales, Sélvame del Tren y Cenotes Urbanos aseveran que el proyecto no se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (“procedimiento EIA”) adecuado, como se requiere para este tipo de proyectos de infraestructura.

Agregan que México incumplió el carácter preventivo del procedimiento EIA y sostienen que debido a la fragmentación del proyecto en varios segmentos, no se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos y residuales.

Asimismo, aseguran que los estudios de suelo y geofísicos son inadecuados porque no consideran la fragilidad del karst y del suelo de la península de Yucatán, lo que resulta en elevados riesgos de hundimiento de la infraestructura, así como de accidentes durante el transporte del combustible.

La petición señala, también, las carencias en lo relativo a la evaluación de riesgo de los talleres para la carga de combustible y el mantenimiento, así como la falta de consideración de las especies en peligro de extinción en la zona.

Los peticionarios subrayan violación a instrumentos legales nacionales e internacionales como la Constitución al Acuerdo de Escazú, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Río, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales.

El Secretariado de la CCA, organización intergubernamental creada en 1994 por México, Estados Unidos y Canadá, en virtud el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, paralelo al TLCAN, hoy conocido como T-MEC, cuenta con treinta días para examinar la petición.

La petición fue presentada apenas una semana después de que la CCA se reunió en Mérida para discutir los principales problemas ambientales de México, Estados Unidos y Canadá. Ahí, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, sostuvo encuentros bilaterales con Michael S. Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Steven Guilbeault.



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La inconformidad por el presunto incumplimiento de la legislación ambiental por parte del gobierno en el tramo 5 sur del Tren Maya ya escaló al T-MEC. Este jueves seis organizaciones civiles y 19 personas presentaron una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, en la que acusan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de incurrir en omisiones en la aplicación efectiva de las leyes en protección ecológica con las obras.

En la petición SEM-22-002 (Tren Maya), las organizaciones Moce Yax Cuxtal, A.C., Grupo Gema del Mayab, A.C., Jaguar Wild Center, A.C., Red de Capacitadores Socio Ambientales, Sélvame del Tren y Cenotes Urbanos aseveran que el proyecto no se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (“procedimiento EIA”) adecuado, como se requiere para este tipo de proyectos de infraestructura.

Agregan que México incumplió el carácter preventivo del procedimiento EIA y sostienen que debido a la fragmentación del proyecto en varios segmentos, no se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos y residuales.

Asimismo, aseguran que los estudios de suelo y geofísicos son inadecuados porque no consideran la fragilidad del karst y del suelo de la península de Yucatán, lo que resulta en elevados riesgos de hundimiento de la infraestructura, así como de accidentes durante el transporte del combustible.

La petición señala, también, las carencias en lo relativo a la evaluación de riesgo de los talleres para la carga de combustible y el mantenimiento, así como la falta de consideración de las especies en peligro de extinción en la zona.

Los peticionarios subrayan violación a instrumentos legales nacionales e internacionales como la Constitución al Acuerdo de Escazú, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Río, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales.

El Secretariado de la CCA, organización intergubernamental creada en 1994 por México, Estados Unidos y Canadá, en virtud el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, paralelo al TLCAN, hoy conocido como T-MEC, cuenta con treinta días para examinar la petición.

La petición fue presentada apenas una semana después de que la CCA se reunió en Mérida para discutir los principales problemas ambientales de México, Estados Unidos y Canadá. Ahí, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, sostuvo encuentros bilaterales con Michael S. Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Steven Guilbeault.



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