/ martes 2 de agosto de 2022

T-MEC requiere de marco regulatorio claro: investigador del ColeF

El tratado entre EU, México y Canadá será válido hasta el año 2036 y se revisará en 2026

El T-MEC será válido hasta el año 2036 y se revisará en 2026, por lo que es necesario promover un eficaz liderazgo para el desarrollo y no solo para el crecimiento sectorial, bajo el impulso de un marco regulatorio claro y una colaboración público-privada transparente, considera el profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF), José María Ramos.

En su análisis sobre las consultas de Estados Unidos y Canadá versus México, comenta que la posición mexicana en la actual coyuntura del T-MEC y en materia del sector energético, pretende disminuir la asimetría con una política de defensa de la soberanía.

Y un reto del gobierno estadounidense es entender el cambio en las prioridades de la agenda mexicana sobre la base de que se puede plantear una interdependencia asimétrica con respecto a principios básicos de soberanía, interés nacional e impacto social, que deben permitir avanzar en el proceso de integración comercial bajo América del Norte.

Pero también en un mayor bienestar en la sociedad mexicana, considerando las desigualdades sociales. El impacto comercial del T-MEC pasó de los 82 mil millones de dólares en 1994 a los 612 mil millones de dólares en el 2018, recordó el doctor Ramos.

El profesor- investigador de El ColeF, sobre las consultas de Estados Unidos y Canadá versus México sobre su política energética en el marco de lo establecido en el capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, comentó además:

El tema central de las diferencias entre México con los Estados Unidos y Canadá según las solicitudes de consulta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) por sus siglas en inglés, se argumenta que los cambios de política de México afectan los intereses económicos de su país en múltiples sectores.

Y desincentivan la inversión de los proveedores de energía renovable y de las empresas que pretenden comprar energía limpia y fiable.

Por su parte, el gobierno mexicano concibe el interés público sobre los intereses particulares para promover la autosuficiencia energética, el interés nacional y reducir las prácticas de corrupción, escasa transparencia en la asignación de tales contratos.

También la USTR cuestiona las enmiendas a la legislación mexicana que dan prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la distribución de la energía generada por la empresa pública mexicana, sobre las fuentes de energía más limpias de los proveedores del sector privado, como la eólica y la solar.

SE MANTIENE LA INVERSION PRIVADA EN 46%

El argumento mexicano reitera el papel del interés público de la CFE: 54%, con el fin de evitar altos costos en la energía y promover la autosuficiencia del sector. Además, se mantiene la inversión privada con un 46%.

Para el doctor Ramos, el reto de la agenda bilateral será la definición de acuerdos con respeto a las prioridades nacionales de cada país.

Y desde la perspectiva del gobierno estadounidense que plantea que los proyectos y contratos existentes de proveedores de energía renovable en el país representan una base sólida para el desarrollo del futuro de la energía limpia de América del Norte.

Expresó el profesor-investigador de El ColeF en su análisis sobre estas consultas que “entre los retos de México se encuentra avanzar en un reemplazo progresivo de los combustibles fósiles como parte de una política energética sustentable.

Y según las oportunidades que plantea el T-MEC y las demás iniciativas de integración económica, como el Diálogo Económico de Alto Nivel y la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Enfatizó que “es fundamental promover una visión común en América del Norte en donde predominen iniciativas innovadoras y responsables en beneficio de las comunidades de los tres países, en particular con el país de menor desarrollo, bajo una política en común de inversiones, energía sustentable, desarrollo comunitario y transparencia”.

Manifestó que sí se considera que el Tratado será válido hasta el año 2036 y que se revisará en el 2026 “es necesario promover un eficaz liderazgo gubernamental para que el T-MEC sea un instrumento eficaz para el desarrollo y no solo para el crecimiento sectorial, bajo el impulso de un marco regulatorio claro, una colaboración público-privada transparente y acciones transversales en investigación, desarrollo y gestión del conocimiento evitando prácticas anticorrupción”.



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El T-MEC será válido hasta el año 2036 y se revisará en 2026, por lo que es necesario promover un eficaz liderazgo para el desarrollo y no solo para el crecimiento sectorial, bajo el impulso de un marco regulatorio claro y una colaboración público-privada transparente, considera el profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF), José María Ramos.

En su análisis sobre las consultas de Estados Unidos y Canadá versus México, comenta que la posición mexicana en la actual coyuntura del T-MEC y en materia del sector energético, pretende disminuir la asimetría con una política de defensa de la soberanía.

Y un reto del gobierno estadounidense es entender el cambio en las prioridades de la agenda mexicana sobre la base de que se puede plantear una interdependencia asimétrica con respecto a principios básicos de soberanía, interés nacional e impacto social, que deben permitir avanzar en el proceso de integración comercial bajo América del Norte.

Pero también en un mayor bienestar en la sociedad mexicana, considerando las desigualdades sociales. El impacto comercial del T-MEC pasó de los 82 mil millones de dólares en 1994 a los 612 mil millones de dólares en el 2018, recordó el doctor Ramos.

El profesor- investigador de El ColeF, sobre las consultas de Estados Unidos y Canadá versus México sobre su política energética en el marco de lo establecido en el capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, comentó además:

El tema central de las diferencias entre México con los Estados Unidos y Canadá según las solicitudes de consulta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) por sus siglas en inglés, se argumenta que los cambios de política de México afectan los intereses económicos de su país en múltiples sectores.

Y desincentivan la inversión de los proveedores de energía renovable y de las empresas que pretenden comprar energía limpia y fiable.

Por su parte, el gobierno mexicano concibe el interés público sobre los intereses particulares para promover la autosuficiencia energética, el interés nacional y reducir las prácticas de corrupción, escasa transparencia en la asignación de tales contratos.

También la USTR cuestiona las enmiendas a la legislación mexicana que dan prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la distribución de la energía generada por la empresa pública mexicana, sobre las fuentes de energía más limpias de los proveedores del sector privado, como la eólica y la solar.

SE MANTIENE LA INVERSION PRIVADA EN 46%

El argumento mexicano reitera el papel del interés público de la CFE: 54%, con el fin de evitar altos costos en la energía y promover la autosuficiencia del sector. Además, se mantiene la inversión privada con un 46%.

Para el doctor Ramos, el reto de la agenda bilateral será la definición de acuerdos con respeto a las prioridades nacionales de cada país.

Y desde la perspectiva del gobierno estadounidense que plantea que los proyectos y contratos existentes de proveedores de energía renovable en el país representan una base sólida para el desarrollo del futuro de la energía limpia de América del Norte.

Expresó el profesor-investigador de El ColeF en su análisis sobre estas consultas que “entre los retos de México se encuentra avanzar en un reemplazo progresivo de los combustibles fósiles como parte de una política energética sustentable.

Y según las oportunidades que plantea el T-MEC y las demás iniciativas de integración económica, como el Diálogo Económico de Alto Nivel y la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Enfatizó que “es fundamental promover una visión común en América del Norte en donde predominen iniciativas innovadoras y responsables en beneficio de las comunidades de los tres países, en particular con el país de menor desarrollo, bajo una política en común de inversiones, energía sustentable, desarrollo comunitario y transparencia”.

Manifestó que sí se considera que el Tratado será válido hasta el año 2036 y que se revisará en el 2026 “es necesario promover un eficaz liderazgo gubernamental para que el T-MEC sea un instrumento eficaz para el desarrollo y no solo para el crecimiento sectorial, bajo el impulso de un marco regulatorio claro, una colaboración público-privada transparente y acciones transversales en investigación, desarrollo y gestión del conocimiento evitando prácticas anticorrupción”.



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