El conflicto entre el Movimiento Alternativa Social (MAS) respecto a la propiedad del predio ubicado en Oriente 107, número 3370, colonia Tablas de San Agustín (Bondojito), no es con los compradores, sino con la inmobiliaria Jomar y Roju, pues vendió dos veces y eso puede constituir el delito de fraude, aclaró el exdiputado Édgar Torres Baltazar.
En entrevista con El Sol de México, señaló que desde el Instituto de la Vivienda (Invi) se configuró un bloqueo en contra del MAS -que él lidera-, para evitar que se finiquite el contrato que suscribió en 2007 con Jomar y Roju por 9.5 millones de pesos y de esta manera permitir al Grupo Corintio comprar el terreno al doble de dinero.
“Nosotros sostenemos que el conflicto no es con estos afectados, nosotros no tenemos dificultad con ellos, nuestro conflicto tiene que ver con Jomar y Roju, con Lomelín y con el Grupo Corintio, que no da la cara, es parte del cártel inmobiliario (…) A esta gente la están usando”, dijo Torres Baltazar.
Esto luego de que un grupo de 50 familias que se asociaron bajo el nombre de Vivienda Digna Bondojito y que compraron en preventa un departamento que se desarrollaría en el predio de Oriente 107, acusan al exdiputado Édgar Torres Baltazar de pretender adueñarse de manera irregular del terreno que ya está escriturado, lo cual él niega.
Y detalla: en 2007 suscribieron el contrato con Jomar y Roju para la compra del predio en el que se beneficiaría a 178 familias de bajos recursos; se pagó un millón de pesos para que la inmobiliaria saldara un adeudo fiscal de 1.5 millones de pesos; el resto se finiquitaría con un recurso de siete millones de pesos que el MAS gestionó ante la entonces delegación Gustavo A. Madero, pero éste permaneció bloqueado.
Lo que vino después fue que Jomar y Roju sólo saldó 350 mil pesos del adeudo, el MAS los buscó para aclarar la situación, pero ya no dieron respuesta. Tiempo después la inmobiliaria les comunicó que si no finiquitaban el contrato se daría por cancelado, lo que, explica Torres Baltazar, no puede hacerse de manera unilateral.
Entonces, durante la gestión de Raymundo Collins al frente del Invi, se le sugiere a Jomar y Roju dar de baja su domicilio fiscal para evadir las notificaciones de que el MAS ya estaba en condiciones de finiquitar el contrato. Encima, se les ofrece el doble de dinero por parte de la inmobiliaria Grupo Corintio.
“En este caso le dijeron a Jomar y Roju: cuánto te pagaron, nueve millones y medio, no te gustaría ganar más, cómo, se te puede pagar más, hay una inmobiliaria que está interesada en ese inmueble, pero ya firmé contrato, el gobierno lo tenemos nosotros y tenemos el instituto“, cuenta el líder del MAS.
Y añade: “Entonces Jomar y Roju vendió dos veces. El contrato con ellos lo firman en 2017 o 2018. Diez años después (de que lo firmaron con nosotros). Se les buscó para notificar lo del finiquito y dio de baja Jomar y Roju su domicilio fiscal, eso le recomendaron en el INVI desde el gobierno”.
Como informó El Sol de México el pasado viernes una de las compradoras afectada declaró: “Si el señor tiene o no la razón, que se siente con nosotros en una mesa de trabajo, esto no es un problema entre inmobiliarias, es una necesidad, con la edad que tengo es el último empujón que hago para mi vivienda, ya no más, depende un nieto de mí, ya es lo último que puedo juntar en mi vida, por eso estoy aquí”.
En medio de esta pugna reveló que directivos del Grupo Corintio intentaron un acercamiento con él, a través del Invi, para “perfilarle” una propuesta económica a cambio de que desistiera de la compra del predio de Oriente 107, número 3370. “No le acepté a Corintio dinero”, dijo.