/ martes 3 de diciembre de 2019

Aprueban Ley Olimpia en Congreso de la CDMX

La ley contempla castigos de cuatro a seis años de prisión a quienes difundan fotos y videos íntimos en redes sociales sin consentimiento de la persona

El Congreso de Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para castigar la violencia sexual digital, y contempla hasta seis años de cárcel a quien comparta imágenes íntimas de otra persona sin su consentimiento.

La Ley Olimpia, llamada así por el nombre de la activista del estado de Puebla, Olimpia Coral Melo, que inició la lucha a nivel nacional, tipifica como delito contra la intimidad sexual grabar, fotografiar y difundir imágenes o mensajes "de contenido sexual íntimo" de otra persona "sin su consentimiento o mediante engaños".

Con esta medida, Ciudad de México se suma a otras 13 entidades que aprobaron la Ley Olimpia; Guerrero, Puebla, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.

La lucha por la ley empezó en 2014 en Puebla, donde la activista Olimpia Coral Melo sufrió de violencia digital cuando en redes sociales comenzó a circular un vídeo en el que ella, apenas de 18 años, tenía sexo con su novio.

"Lo logramos juntas. Con 56 votos a favor se aprueba nuestra reforma. Esto no es gracias a mí, sino gracias a mis hermanas, a todas, a las que decidimos que el miedo cambiará de bando. ¡Y tiemblen!", expresó la activista en sus redes sociales.

La iniciativa, que también reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla como agravantes que el culpable sea familiar o tenga una relación de noviazgo, matrimonio o trabajo con la víctima.

Por otra parte, establece penas de entre cuatro y seis años de cárcel a quien requiera una imagen de contenido sexual a un menor de 18 años, además de una multa de 42 mil 245 a 84 mil 490 pesos.

Mauricio Tabe, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, reconoció la labor de activistas por unir a todas las fuerzas políticas en favor de la misma causa.

"Creo que la ciudad necesita mucho más infracciones y menos palabras. Y este es un paso adelante a favor de las mujeres", comentó el legislador después de la votación ante activistas reunidas en la sede legislativa.

Sin embargo, pese a reconocer la intención de la reforma, algunos grupos de la sociedad civil cuestionaron las consecuencias de los nuevos tipos penales porque podrían generar riesgo de revictimización.

"No estamos de acuerdo con el punitivismo y el populismo penal como estrategias adecuadas para erradicar efectiva y duraderamente diversas conductas que pretende criminalizar el llamado 'delito contra la intimidad sexual'", afirmó en un comunicado la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

En lugar de tipificar nuevos delitos e incrementar las penas, R3D sugirió "privilegiar" el diálogo con plataformas digitales para mejorar los mecanismos de denuncia y promover mejor acceso a la información y orientación.

Durante la discusión de la iniciativa, el diputado Miguel Ángel Salazar reconoció que "los operadores de justicia no están capacitados", por lo que exhortó a que el dictamen "no quede en letra muerta".

|| Con información de EFE ||

El Congreso de Ciudad de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para castigar la violencia sexual digital, y contempla hasta seis años de cárcel a quien comparta imágenes íntimas de otra persona sin su consentimiento.

La Ley Olimpia, llamada así por el nombre de la activista del estado de Puebla, Olimpia Coral Melo, que inició la lucha a nivel nacional, tipifica como delito contra la intimidad sexual grabar, fotografiar y difundir imágenes o mensajes "de contenido sexual íntimo" de otra persona "sin su consentimiento o mediante engaños".

Con esta medida, Ciudad de México se suma a otras 13 entidades que aprobaron la Ley Olimpia; Guerrero, Puebla, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.

La lucha por la ley empezó en 2014 en Puebla, donde la activista Olimpia Coral Melo sufrió de violencia digital cuando en redes sociales comenzó a circular un vídeo en el que ella, apenas de 18 años, tenía sexo con su novio.

"Lo logramos juntas. Con 56 votos a favor se aprueba nuestra reforma. Esto no es gracias a mí, sino gracias a mis hermanas, a todas, a las que decidimos que el miedo cambiará de bando. ¡Y tiemblen!", expresó la activista en sus redes sociales.

La iniciativa, que también reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla como agravantes que el culpable sea familiar o tenga una relación de noviazgo, matrimonio o trabajo con la víctima.

Por otra parte, establece penas de entre cuatro y seis años de cárcel a quien requiera una imagen de contenido sexual a un menor de 18 años, además de una multa de 42 mil 245 a 84 mil 490 pesos.

Mauricio Tabe, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, reconoció la labor de activistas por unir a todas las fuerzas políticas en favor de la misma causa.

"Creo que la ciudad necesita mucho más infracciones y menos palabras. Y este es un paso adelante a favor de las mujeres", comentó el legislador después de la votación ante activistas reunidas en la sede legislativa.

Sin embargo, pese a reconocer la intención de la reforma, algunos grupos de la sociedad civil cuestionaron las consecuencias de los nuevos tipos penales porque podrían generar riesgo de revictimización.

"No estamos de acuerdo con el punitivismo y el populismo penal como estrategias adecuadas para erradicar efectiva y duraderamente diversas conductas que pretende criminalizar el llamado 'delito contra la intimidad sexual'", afirmó en un comunicado la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

En lugar de tipificar nuevos delitos e incrementar las penas, R3D sugirió "privilegiar" el diálogo con plataformas digitales para mejorar los mecanismos de denuncia y promover mejor acceso a la información y orientación.

Durante la discusión de la iniciativa, el diputado Miguel Ángel Salazar reconoció que "los operadores de justicia no están capacitados", por lo que exhortó a que el dictamen "no quede en letra muerta".

|| Con información de EFE ||

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